Contraloría detecta deficiencias en el costeo del canon de regulación de telecomunicaciones aplicado por SUTEL

San José, 30 jun (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) reveló importantes deficiencias en el sistema de costeo y los controles internos utilizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para calcular el canon de regulación, principal fuente de financiamiento para la supervisión del mercado abierto de las telecomunicaciones en Costa Rica.

La auditoría, realizada conforme a la Ley N°. 7593 y la Ley General de Telecomunicaciones N°. 8642, tenía como objetivo determinar si el sistema de costeo de SUTEL se ajusta a los principios legales de servicio al costo y administración eficiente. Estos principios exigen que las tarifas cubran únicamente los costos necesarios para la prestación del servicio y que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible para alcanzar los objetivos regulatorios.

El informe concluye que SUTEL “no cuenta con un sistema de costeo adecuado que permita desglosar de forma clara y transparente el costo de sus actividades de regulación”, lo que impide verificar la eficiencia, razonabilidad y transparencia en el uso de los recursos provenientes del canon. Actualmente, el cálculo del canon se realiza bajo “un enfoque meramente presupuestario”, sin identificar ni asignar los costos de manera detallada por actividad, función o proceso regulatorio.

Esta situación limita la supervisión efectiva y hace imposible determinar si la labor de regulación se ejecuta al costo más razonable y eficiente. Los controles existentes se basan únicamente en partidas presupuestarias, sin vincular el gasto directamente a cada actividad regulatoria, incumpliendo así los principios legales que rigen la materia.

La Contraloría enfatizó la importancia de corregir estas deficiencias, ya que el canon de regulación es fundamental para que SUTEL cumpla con su mandato de velar por la calidad de los servicios de telecomunicaciones y defender los derechos de los usuarios, asegurando un mercado competitivo y eficiente en beneficio del interés público.

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