Presidencia reaccionó la tarde de ayer a la solicitud de investigación que hizo el diputado socialcristiano, Gerardo Vargas Rojas, en la que pide a la Fiscalía determinar si Luis Guillermo Solís, Mélvin Jiménez y varios ministros de este gobierno cometieron o no prevaricato al intervenir en JUDESUR mediante decretos ejecutivos.
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El Gobierno dijo en su comunicado que la intervención de JUDESUR tenía el aval de la Contraloría General de la República, según criterio 04694-2015, sin embargo, un documento en poder de EL MUNDO desmiente lo dicho por Casa Presidencial.
“Dos fallos de la Sala Constitucional del mes de octubre de 2014, los votos 2014-017145 y el 2014-017289, así como criterio 04694, de la Contraloría General de la República, de marzo 2015 avalan la legalidad de todo lo actuado por la Junta Interventora Sustitutiva, que fue nombrada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de garantizar el correcto aprovechamiento de dineros públicos e impulsar el desarrollo social, productivo y económico de la región; así como restablecer el buen funcionamiento de la institución y del Depósito Libre Comercial de Golfito”, decía el comunicado de prensa enviado por el Poder Ejecutivo.
La Contraloría General de la República, en oficio CGR/DJ-1098-2015 desmintió que la intervención en la JUDESUR tuviera su criterio positivo en el oficio que Presidencia usa como respaldo. Dicho documento está suscrito por Rosa Fallas Ibañez, Gerente Asociada de la Dirección Jurídica de la Contraloría y Paula Serra Brenes, Fiscalizadora de la División Jurídica del ente contralor.
“Este órgano contralor no ingresó al examen de validez de los Decretos Ejecutivos que dispusieron la intervención, ni sobre el nombramiento en sí mismo de la junta interventora o de las actuaciones del Poder Ejecutivo relacionadas. Tampoco se abordó el análisis del origen o funcionamiento de dicha junta, de modo que nuestra respuesta no se debe entender como un aval de la situación presentada“, dice el oficio.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, declaró que “el Gobierno ha actuado en el marco de la legalidad y respeto del ordenamiento jurídico en este proceso”.
Por su parte, Manuel Herrera, coordinador del proceso interventor afirmó que “hay mucha gente que no quiere que nada cambie en JUDESUR, pero nuestro objetivo es garantizar programas y proyectos en cinco cantones que tienen una enorme vulnerabilidad y que requieren transparencia y manejo correcto de los dineros públicos”.
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