San José, 11 jul (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) confirmó la sanción administrativa impuesta a Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), por irregularidades detectadas en contrataciones de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral realizadas entre 2021 y 2022.
El expediente CGR-PA-2023004188 se originó a raíz de dos procedimientos de contratación directa promovidos por el INS (N.º 2021CD-0000403-0001000001 y N.º 2022CD-000073-0001000001) que incumplieron con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en la normativa vigente.
Mediante el acto final N.º 8849-2024, la CGR estableció la responsabilidad administrativa de Chacón Fernández y otros funcionarios, confirmando las sanciones tras resolver los recursos interpuestos. En el caso de la presidenta ejecutiva, se dictó una suspensión de 20 días sin goce de salario.
Chacón Fernández, quien asumió la presidencia del INS en mayo de 2024, presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos de la sanción, pero el 7 de julio de 2025, el Tribunal resolvió mediante la resolución N.º 2025006709 declarar sin lugar dicha medida.
En consecuencia, la CGR notificó a la administración del INS para que proceda con la ejecución de la sanción impuesta.
Además de Chacón Fernández, también fueron sancionados el expresidente ejecutivo Gabriel Pérez Salguera, los encargados de la Unidad de Contratación Directa Carlos Gamboa y Carmen González, y la subjefa de Proveeduría Katherine Phillips.
La investigación determinó que las contrataciones se realizaron sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, violando la Ley de Contratación Administrativa y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Gabriela Chacón ha manifestado que considera la sanción “desmedida” y las imputaciones “infundadas”, y anunció que continuará su defensa legal para demostrar que las decisiones adoptadas no contravienen la normativa.
Este caso ha generado un debate sobre la transparencia y la gestión administrativa en el INS, mientras la institución avanza con la ejecución de las sanciones establecidas por la Contraloría.
