Contraloría aún estudia apelación sobre proceso licitatorio para atención de Ebais por cooperativas

San José, 24 sep (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) aclaró que la Contraloría General de la República estudia todavía una apelación sobre el proceso licitatorio para la atención de Ebais por parte de cooperativas de salud.

De igual forma, señalan que el cartel de licitación fue aprobado por la Contraloría acogiendo 160 observaciones realizadas por las cooperativas.

“A esta fecha las cooperativas no han cobrado un solo colón por concepto de este contrato”, aseguran.

Esto en el marco de los allanamientos y detención de ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entre los que se encuentra la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel.

La investigación se realiza por un presunto sobreprecio millonario en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebais.

Conacoop recalcó que “las cooperativas prestan servicios a la Caja Costarricense de Seguro Social desde 1988, es decir, 36 años. En el 2006 la Contraloría General de La República ordenó un nuevo proceso licitatorio”.

“En el 2020 vencieron los contratos y para garantizar la continuidad del servicio, la Junta Directiva de la CCSS estableció un contrato de continuidad de los servicios”, agregó.

Además, indicó que “las cooperativas de salud atienden a más 585 mil personas en 138 EBAIS, en 10 de los cantones más populosos del país. Sería un caos para la CCSS y un gran daño a la sociedad, que las cooperativas fueran excluidas de la operación de esos centros de salud”.

“Las cooperativas han demostrado ser exitosas con un alto nivel de satisfacción de los usuarios”, sostienen.

Para Conacoop es grave que la Fiscalía afirme que ese acuerdo con la Junta Directiva de la CCSS produciría pérdidas de más de 12 mil millones de colones anuales, “quedando en evidencia que la actuación de la Fiscalía ha sido precipitada y sin conocer la realidad de los hechos”.

“El Ministerio Público, alega, un grave daño a la hacienda pública respecto a un acto que aún no es eficaz. Tenemos plena confianza en el sistema judicial costarricense, sabemos que hay jueces honestos que pensarán primero en la salud de los costarricenses y en la Caja como bastión de este estado de derecho”, concluyen.

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