San José, 03 ago (elmundo.cr) – Una mal toma de datos o la omisión de una firma o sello podría dejar a su hijo, su difunto pariente o su matrimonio sin ningún tipo de amparo legal.
La Contraloría General de la República advirtió al Servicio Civil, mediante un informe elaborado por el Área de Servicios Públicos Generales, que las personas encargadas de tomar datos vitales como lo son nacimientos, matrimonios y defunciones, no tienen capacitación suficiente y que por ende, se han cometido muchos errores a la hora de llenar los formularios.
La recopilación de los datos es llevada a cabo por un total de 13.788 personas, de los cuales solamente el 1% pertenecen al Tribunal Supremo de Elecciones y el restante son registradores auxiliares ad honorem.
Según la auditoría llevada a cabo por el ente contralor, desde año 2007 se han registrado 45.481 devoluciones de los formularios de hechos vitales, de los cuales 7591 ocurrieron porque la persona que era la encargada de llenarlo, olvidó colocar su firma o sello.
“El Registro Civil carece de procedimientos debidamente documentados, aprobados y divulgados, que le permitan: garantizar el uso y la custodia adecuada de los formularios en blanco por parte de los registradores auxiliares, controlar la devolución de los formularios, revocar la investidura de los registradores auxiliares, entre otras”, explicó la Contraloría.
Por otro lado, la auditoría reveló que el proceso de captura de información de los hechos vitales se desarrolla de forma manual por medio de formularios preimpresos, que carecen de elementos de seguridad que permita garantizar su autenticidad e impida su suplantación.
El informe ordena al Director General del Registro Civil y al Oficial Mayor del Departamento Civil, solventar las debilidades señaladas en el informe.
La Contraloría le recuerda a los costarricenses que un mal llenado de los informes de hechos vitales pone en peligro la integridad de la persona a la que se le llenó el formulario, pues no tendría acceso a los servicios médicos, jurídicos y otros que ofrece el Estado, lo que se traduce en una violación a los derechos fundamentales del afectado y que puede ser llevado a instancias constitucionales.
