San José, 10 mar (elmundo.cr) – Sin hacer alusión directa, la contralora de la República, Marta Acosta desmanteló la base legal que Casa Presidencial usó para entregarle el incentivo de 65% de prohibición a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte.
Acosta compareció este jueves ante la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde también se apersonaron la ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos; el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y la que aún está en el ojo del huracán, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga.
Tras escuchar las afirmaciones hechas por Alfaro, Zuñiga y Trejos sobre los pagos de prohibición que se le hicieron a las dos últimas, la Contralora necesitó solamente 10 minutos para dejar tácitamente dicho que el pago de la prohibición a la viceministra de Presidencia no está apegado a derecho.
Acosta señaló que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública es y contiene un régimen especial de prohibición, exclusivo para los cargos que están detallados en el artículo 14 de esa Ley (entre los que se encuentran los viceministros), mientras que en el artículo 15 se establece que los que estén afectados por la prohibición serán retribuidos con el 65% adicional al salario base.
Pese a ello, la Contralora explicó que el principio de la prohibición es compensar al servidor público por no poder ejercer liberalmente alguna profesión, pese a que cumpla con los requisitos para ello, al ser eso una limitación del derecho al trabajo.
Sin embargo, “si la persona no se encuentra habilitada para ejercer alguna profesión, la compensación pierde sentido, porque ningún derecho se le está limitando”, enfatizó.
De seguido, la funcionaria dejó claramente establecido que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al ser un régimen especial y por ende excluyente de los demás, no puede generar pagos de prohibición con base en otras leyes diferentes.
De este modo, la Contraloría se trajo abajo la nueva tesis de Casa Presidencial, donde afirman que el incentivo de Ana Gabriel Zuñiga se sustenta en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción por ser viceministra, y con el artículo 5 de la Ley de Compensación por Pago de Prohibición, donde se establece un 45% de prohibición para los egresados de programas de licenciatura en derecho, pero que aún no han alcanzado ese grado académico.
La idea de la Presidencia era que Zuñiga tuviera que devolver solamente el 20% de lo que ha percibido por el incentivo, sin embargo, de las manifestaciones de la Contralora se desprende que tendrá que devolver los más de ¢30 millones de colones que ha percibido por la prohibición, desde que fue nombrada en el cargo el 8 de mayo de 2014.
Ya la Contraloría había dejado claro ese aspecto cuando resolvió el año anterior el caso de la exviceministra Ana Cristina Trejos, a la cual le pagaban un 30% de prohibición mezclando ambas leyes. En esa ocasión, la institución dejó claro que el régimen que aplica es el primero: la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Finalmente, Acosta señaló que hay tres requisitos para poder percibir el incentivo de la prohibición de acuerdo con esa Ley, que es la que le aplica a los viceministros: estar nombrado en ese cargo, tener un grado académico que le permita ejercer una profesión liberal y por último, incorporarse al Colegio Profesional correspondiente en caso de que este exista y tenga como requisito indispensable la colegiatura para ejercer la profesión.
Zuñiga Aponte no cumple con dos de esos requisitos: no es licenciada en Derecho, pues no ha defendido su tesis ni se ha graduado y además, no está incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ambos requisitos indispensables para poder ejercer la abogacía en Costa Rica.
“Una persona puede tener las condiciones para ser nombrado Ministro o Viceministro, pero no necesariamente cumplir los requisitos para acceder al pago de la prohibición previsto en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, toda vez que no es una consecuencia automática”, sentenció Acosta.
Su explicación bastó para que la unanimidad de los diputados presentes en la abarrotada comisión legislativa coincidieran en que el pago del incentivo a la jerarca carece de base legal y por ende, debe devolver los recursos.
Zuñiga, sin embargo, reiteró que esperará hasta que haya pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre su caso para devolver o no los dineros.
La viceministra dijo durante su comparecencia que el pago de prohibición a su favor lo autorizó Ligia Vargas, funcionaria de la Unidad de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, el 30 de abril del 2014, incoando la responsabilidad del pago a la administración de Laura Chinchilla.
“Esta administración no tuvo potestad material real para autorizar ese pago”, dijo Zuñiga Aponte, siendo criticada de seguido por los diputados que le recordaron que al entrar la nueva Administración se debieron revisar esas actuaciones.
La jerarca reconoció inclusive que ella sí sabía que se le había autorizado el 65% de prohibición, al tiempo que aceptó que desde el 9 de mayo del 2014 ella es la superior jerárquica de la unidad de Recursos Humanos de la Casa Presidencial.
“SOMOS VÍCTIMAS”. Ana Gabriel Zuñiga dijo que ella y los otros jerarcas que han sido expuestos por cobrar los incentivos salariales sin tener los requisitos para ello son “víctimas” del sistema y la falta de orden en los departamentos administrativos.
“No es casualidad que cuatro oficinas de Recursos Humanos aleguen que es la práctica usual. No es una situación que ha ocurrido en esta administración, sino todo lo contrario”, dijo ante la Comisión. Momentos antes, el ministro Sergio Alfaro había señalado con nombres y apellidos a jerarcas de administraciones anteriores que, de acuerdo con un análisis preliminar hecho por ellos, también cobraron la prohibición sin ser licenciados.
Sin embargo, la contralora Marta Acosta dejó claro que cada caso debe ser estudiado de forma individual. Esto pues no todas las carreras universitarias son profesiones liberales, algunas necesitan determinados grados académicos para poder ejercer la profesión y, además, no en todos los casos se exige la colegiatura.
Por ejemplo, el ministro Sergio Alfaro mencionó el caso del exviceministro de Paz durante la Administración Chinchilla Miranda, Max Loría, a quien se le pagaba el 65% de prohibición por su título de bachiller en Ciencias Políticas y por estar incorporado al colegio correspondiente. En su caso, la ciencia política se puede ejercer con un bachiller universitario y al estar dentro del colegio, según datos en poder de EL MUNDO, le correspondía el pago de la prohibición.
Ana Gabriel Zuñiga se dejó decir que si estas discusiones, sobre en cuales casos procede el pago o no de la prohibición, “se hubiesen dado en administraciones pasadas, nos hubiésemos ahorrado este golpe a la credibilidad de sistema”.
“Los cuatro jerarcas hemos sido víctimas de la falta de orden en departamentos administrativos. No se trata de señalar únicamente pagos indebidos, debe ser una discusión que señale un sistema opaco, este sistema obsoleto debe ser transformado y es un sistema al que este Gobierno no le ha tenido miedo”, indicó.
PREMIO. El diputado Ottón Solís, quien el día en que EL MUNDO reveló que Ana Gabriel Zuñiga cobraba el plus de prohibición sin poder hacerlo se levantó en el Plenario a defenderla, ya que le dieron información errónea de que había pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que respaldaban el pago; visiblemente decepcionado pidió que se destituyera a las tres viceministras que se han visto envueltas en estos casos.
“Ana Gabriel, me quedo atónito cuando usted habla que es ‘víctima’. Es difícil que una persona en su cargo sea víctima. No se puede alegar ignorancia de la Ley y menos en su cargo”, le reprochó el fundador del Partido Acción Ciudadana.
Y agregó: “Ofende realmente a las personas decir que son víctimas, cuando se utilizan recursos que la Ley no establece. Lo único de lo que usted podría ser víctima es de ignorar la Ley. Hay repetida jurisprudencia, no es la primera vez que esto ocurre. No se puede alegar ignorancia ante la Ley y por tanto, tenemos que asumir que ustedes (viceministras) sabían”, sentenció.
Solís calificó como “premio” el nombramiento de Ana Cristina Trejos, exviceministra de la Vivienda, en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), quien llegó allí gracias a la destitución de Natalia Nuñez Herrera, directiva del Consejo de la Persona Joven.
Nuñez se apersonó a la barra del público de la Comisión donde se realizaba la investigación, sin embargo, su presencia incomodó a los integrantes del PAC por lo que una asesora pidió a la Seguridad del Congreso que la sacaran del lugar, alegando que no tenía permiso para estar allí. La intervención de los diputados Mario Redondo y Karla Prendas permitió a la joven mantenerse en la barra, escuchando a las funcionarias defender sus pluses entregados ilegalmente.
“En lugar de castigo, le dieron premio a la viceministra de Vivienda”, reprochó Ottón Solís.
El diputado reiteró su solicitud al Ministro Alfaro para que hablara con el Presidente de la República y destituyeran de sus cargos a las viceministras.
“Cuando el Presidente despidió a los jóvenes que hablaron de usar recursos públicos para hacer propaganda, fue ejemplerizante, lo felicité por eso. Las viceministras lo comprenderán (la destitución), son parte de un esfuerzo por cambiar eso. Es lo mínimo”, finalizó el diputado.
FALTA DE ACCIÓN. Los diputados concordaron además en que al ministro Sergio Alfaro le faltó ordenar una revisión de los pluses entregados a los funcionarios de este Gobierno, desde el momento en que apareció el caso de la viceministra Carmen Muñoz.
“Don Sergio, a mi me acongoja porque nosotros hicimos todo lo que hicimos para cambiar eso, no para empatarlo”, dijo Ottón Solís.
De igual manera, Otto Guevara dijo que el Ejecutivo debió emitir la directriz para la revisión de los pluses pagados al Gabinete de Luis Guillermo Solís desde que apareció el primer caso.
El libertario cuestionó también la modalidad de retorno de los dineros pagados de más que ha hecho la viceministra Muñoz, calificándolos de “pagos de polaco”.
Sergio Alfaro se defendió, una vez concluida la comparecencia, afirmando que él actuó correctamente y dentro del marco de sus competencias.
La orden para revisar los incentivos pagados a los actuales funcionarios no se emitió sino hasta horas después de que EL MUNDO publicara los resultados de su investigación sobre el caso de la viceministra Zuñiga Aponte.
LO QUE SIGUE. La Contralora General anunció que la institución no emitirá resolución a las denuncias que fueron interpuestas contra el pago del incentivo a Ana Gabriel Zuñiga, pues en la actualidad el Ministerio de la Presidencia tiene abierto un órgano directivo, encabezado por el Ministro Sergio Alfaro, donde se deberá determinar qué ocurrirá en su caso.
Esto pues no se puede “juzgar” a una persona dos veces por la misma acción.
En la exposición que hizo a los congresistas, Acosta dijo que a raíz de una denuncia que ingresó sobre el pago de incentivos salariales a funcionarios de la División Jurídica de Casa Presidencial, se ordenó a la Auditoría Interna del Ministerio de la Presidencia una revisión general sobre el cumplimiento de requisitos en esa materia para todos los funcionarios de esa institución.
Posteriormente, y aunque no hubo precisión en las fechas, la Auditoría Interna de Casa Presidencial informó a la Contraloría haber emitido al Ministro Sergio Alfaro una relación de hechos que cubre los casos en los que se presume, se incumplen requisitos para el pago de prohibición.
Dentro de esos casos, la Contraloría dijo que se encuentra incluido el caso de la viceministra Zuñiga Aponte, por lo que Casa Presidencial mantuvo oculta esa irregularidad hasta que EL MUNDO lo destapó el pasado 20 de febrero.
