San José, 20 feb (elmundo.cr)-La contralora general de la República, Marta Acosta, desmintió a la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, sobre el tema de los plazos de entrada de operación de la planta hidroeléctrica Capulín, desarrollada por Hidrotárcoles.
El tema de los plazos es, precisamente, el eje de la discusión entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Hidrotárcoles y el Banco Nacional, quien financia el proyecto con un crédito por $107,5 millones.
Acosta, bajo juramento, señaló esta mañana en la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, que el ICE puso las “reglas del juego”, al condicionar la posibilidad de ampliar el plazo de inicio de operación de la planta de 50 megas que se construye en el cauce del río Tárcoles, desmintiendo a Bejarano, quien había dicho que el ente contralor fue el que marcó las reglas sobre los plazos en el contrato con Hidrotárcoles.
“La Contraloría no determina ese tipo de plazos en un contrato, eso fue una consideración del ICE en respuesta a una consulta que les hicimos. Está en el contrato porque así lo definieron ellos”, explicó Acosta.
El contrato refrendado por la Contraloría en 2012 establecía que el inicio de operación de la planta sería julio del 2015, sin embargo, de acuerdo a una serie de oficios entre el ICE e Hidrotárcoles se llegó al acuerdo de que el inicio de operación de la planta se extendería hasta junio de 2017, y a criterio de la Contraloría, este acuerdo no tenía que pasar por sus oficinas para un nuevo refrendo.
Semanas atrás, tanto Bejarano como el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, alegaron que a pesar de un intercambio notas y oficios con Hidrotárcoles donde se daba por buena una nueva fecha para la entrada en operación de la planta, no era suficiente para evadir la necesidad de un refrendo de la Contraloría para que el contrato se diera por modificado.
Sin embargo, esto también fue desmentido por los funcionarios de la CGR, quienes indicaron que una vez refrendado el contrato (2012), cualquier modificación, incluyendo el plazo de inicio de operación de la planta, le correspondía a la Administración del ICE.
“En adelante, el ICE es el responsable de cualquier cambio al refrendo. Como le digo el contrato pudo sufrir una modificación, para eso se ocupa un análisis, pero ya no requieren una aprobación de la contraloría, era interna y exclusivamente del ICE”, explicó la entidad.
Pese a ello, la institución ignoró los documentos intercambios con el contratista, y continuó adelante con la resolución del contrato. Un hecho que incluso le podría costar una nueva demanda millonaria, tal y como ocurrió con el caso del proyecto hidroeléctrico Chucás.
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