San José, 23 ene (elmundo.cr) – Consumidores de Costa Rica y Consumidores Libres denuncian que el proyecto anunciado por el gobierno, lejos de definir el futuro de los servicios de movilidad colaborativa en el país, viene a “taxificar” plataformas como Uber en perjuicio de los consumidores y a encarecer el servicio.
Las organizaciones de Consumidores señalan que el proyecto de ley ataca de forma directa a la actividad castigando con una multa de 8300 millones de colones para plataformas que actualmente estén operando.
Además, la ley crea un impuesto especial que será utilizado en un 80% para financiar la compra de vehículos de nuevos para el gremio de taxistas y el otro 20% para darles un subsidio económico. Es decir, se le traslada por completo el subsidio del taxi al consumidor a través de impuesto, indican.
Para los Consumidores esta iniciativa parece desconocer la realidad de desempleo del país y los más de 22 mil conductores de Uber, pues aseguran que el proyecto dejaría por fuera a casi la mitad de las personas que hoy tienen una fuente de ingreso gracias a estas plataformas, pues las obligarán a pagarle al CTP $200 por carro y $35 por cada conductor.
Otro elemento preocupante, es que obliga al usuario a renunciar a su privacidad permitiéndole al gobierno saber quien viaja, a que sitio se dirige, las zonas en las que se moviliza, las horas en las que toma servicios, la calificación que recibe entre otros datos, que los usuarios se verían obligados a darle al Estado, comenta las organizaciones.
Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres señaló que “el día de hoy, desafortunadamente hemos visto como el gobierno se ha limitado a proponer un proyecto sesgado que compromete el derecho a elegir al usuario, vulnera la competitividad de los servicios, encareciendo la actividad con el fin de financiar al gremio de taxistas”.
“Este desconocimiento sobre la actividad no es de extrañar luego de que, por meses, el gobierno y el MOPT se negaran a entablar un diálogo con la industria y principalmente los consumidores, en clara violación al artículo 33 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que indica que organizaciones como las aquí representadas deben ser incluidas en la toma de decisión y reclamo en torno a cuestiones que afecten los intereses del consumidor”, agrega.
Los Consumidores mencionaron que el MOPT hizo oídos sordos a todas las solicitudes que realizaron, hecho que fue cuestionado por la Defensoría de los Habitantes y ante el cual el MOPT se limitó a señalar en una nota del 19 de diciembre de 2018 que los consumidores ya eran representados a través el Consejo de Transporte Público.
“Esta resulta una excusa inaceptable al ser este ente el que históricamente, ha obstaculizado el desarrollo del sistema de transportes en el país con el fin de proteger los intereses de los gremios de transportistas”, comentan.
Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, aseguró que “este proyecto es absurdo, nuevamente el gobierno pretende apagar una braza caliente con el dinero de los usuarios, más impuestos es la receta de la Administración de Carlos Alvarado para todo, poco creativos y desfasados en el avance tecnológico”.
Ante esto las asociaciones de consumidores realizan un vehemente llamado a Asamblea Legislativa, para que se les otorgue un espacio dentro la Comisión de Económicos con el fin de pronunciarse sobre las afectaciones inminentes que traería ese proyecto para el país.
“La coyuntura del país exige soluciones y políticas públicas pensadas en el bienestar de los ciudadanos y no en el beneficio de los grupos de presión”, concluyen.
