San José, 17 ene (elmundo.cr) –La Fiscalía Anticorrupción de Panamá tiene una investigación abierta en donde figura la empresa costarricense MECO, por el caso denominado “Blue Apple Services (BAS), que consiste en un supuesto pago de $40 millones en comisiones a exfuncionarios públicos de alto cargo, entre los años 2011 y 2012.
Desde el 11 de setiembre pasado, el Ministerio Público del país vecino inició formalmente las pesquisas, por los aparentes delitos de corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Todo lo anterior estaría vinculado al pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.
Por el momento, no hay una información que certifique el ligamen directo de la constructora con estos pagos, pero sí forma parte de las indagaciones por presuntos vínculos.
Además de MECO, en el caso investigado por el Ministerio Público de Panamá también aparecen empresas como Constructora Conalvias S. A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.
Ayer, la compañía costarricense dijo que colabora con la Fiscalía panameña, por los señalamientos de aparente corrupción en contratos con el Estado de ese país. De igual forma aclaró que “no existe” un caso abierto en su contra.
“Constructora Meco, producto de las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Panamá, ha facilitado toda la información requerida sobre el caso de Blue Apple. La posición de Meco ha sido de completa colaboración y respetuosa de las acciones de la PGN”, se pronunció la empresa.
MECO, una de las empresas líderes en ganar contrataciones con el estado costarricense para el desarrollo de obra pública, insiste en que “es importante dejar claro que no existe un caso abierto o requerimiento de la Fiscalía” en su contra.
El pasado lunes, la fiscalía mencionó a 33 personas, entre las que aparecen las “más altas autoridades” de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda en el periodo 2011-2012, y más de media docena de constructoras, que estarían vinculadas a una red que habría cobrado coimas y blanqueado al menos $40 millones.
Según el Ministerio Público, los exfuncionarios le exigían a los empresarios del sector construcción, que tenían contratos adjudicados con el Estado, una coima o porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de agilizar los trámites administrativos para su ejecución.
En la denuncia, también se menciona que habría desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista.
El porcentaje de la aparente dadiva oscilaba entre el 5% y el 10%, y el encargado de pedirla a los empresarios era el jefe de contrataciones de obras públicas.
La Fiscalía aseguró que estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima “Blue Apple Services, (persona jurídica) que a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones”.
