San José, 06 oct (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó, en su sesión N°7033 del pasado primero de octubre, recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y el Estado de Israel, bajo el expediente N.° 25.542.
La decisión, fundamentada en análisis de la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, sostiene que el acuerdo debe valorarse más allá de la perspectiva comercial, integrando criterios de desarrollo sostenible, derechos humanos y soberanía.
Entre las principales preocupaciones, el órgano universitario señaló que el tratado “carece de un capítulo específico sobre derechos humanos y de cláusulas democráticas”, además de omitir mecanismos para evaluar riesgos ambientales en territorios y comunidades.
Asimismo, la UCR alertó sobre una “regresión en materia de gobernanza y acceso a la justicia ambiental”, al no incorporar capítulos específicos que permitan a la ciudadanía denunciar incumplimientos en esta materia.
En cuanto a la balanza comercial, el criterio universitario advierte sobre “asimetrías importantes”. Según el análisis, mientras Israel consolida el acceso libre de aranceles que ya poseía, Costa Rica realiza una apertura significativamente mayor, dejando fuera de beneficios reales a gran parte de la oferta agrícola nacional.
El documento también destaca la ausencia de salvaguardas para proteger la biodiversidad, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional.
Derechos humanos y territorios
Un punto central de la recomendación es la exigencia de aplicar una perspectiva de derechos humanos en la política comercial. La UCR instó a los legisladores a considerar disposiciones que permitan “identificar el origen territorial de los bienes objeto del intercambio” y establecer procesos de debida diligencia.
El objetivo, según el Consejo, es evitar que las actividades económicas promovidas por el acuerdo “contribuyan directa o indirectamente al aprovechamiento de bienes naturales provenientes de territorios ocupados o a la consolidación de situaciones contrarias al Derecho Internacional”.
Finalmente, la universidad subrayó que los beneficios del tratado podrían concentrarse en sectores altamente tecnificados y zonas francas, mientras que los costos ambientales y sociales recaerían de forma desproporcionada sobre poblaciones y territorios frágiles.
