San José, 23 jun (elmundo.cr)- Esta tarde, la Asamblea Legislativa aprobó con 31 votos el informe sobre el FEES realizado por la mayoría de diputados de la comisión especial destinada a ello.
El informe que presentó la Comisión Legislativa a inicios de junio concluyó que la política salarial de las universidades pone en riesgo al FEES, por lo que se cerrarían sedes y ofertas académicas, además de que existen diferencias sustanciales en la distribución de los recursos en las sedes regionales.
Por su parte, los legisladores oficialistas Mario Castillo y Enrique Sánchez presentaron un informe de minoría que fue rechazado.
Sánchez hizo un recuento de las acciones que han hecho las universidades para apoyar ante la pandemia de la COVID-19, por lo que estas a su juicio tienen un valor público.
El diputado Jose Maria Villalta dijo que en esencia en el informe no solo hay una sacada de clavo de agresión contra las universidades públicas, sino también un discurso totalitario que niega la pluralidad democrática que caracteriza a las universidades públicas.
En apoyo del informe de mayoría, la legisladora del PUSC, María Inés Solís comentó que ahora más que nunca ante la crisis que vive nuestro país se debe dirigir los recursos a becas, a los estudiantes y no a altos salarios. “Distribuir el FEES de una manera eficiente para el futuro de las mismas universidades”, expresó.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades públicas habían expresado que el informe es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales.
Según el informe de mayoría “las universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en sus campus centrales, lo que les ha restado la posibilidad de favorecer con estos recursos al resto de su comunidad estudiantil, ubicada en las regiones, así como crear valor público que se pueda proyectar al resto de la sociedad y generar un vínculo con las comunidades. Las negociaciones del FEES entre el gobierno y las universidades púbicas, se han concentrado únicamente en el traslado de los recursos, dejando de lado la posibilidad de acordar metas, programas o proyectos, que vayan en concordancia con las prioridades del país en materia de desarrollo, ambiental, económico y social”.
Se establece también que las universidades públicas deben someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la administración pública.
El informe revela que “las diputadas y diputados, recibieron ataques sistemáticos por parte del Consejo Nacional de Rectores, gestados con fondos públicos para desprestigiar el trabajo de esta Comisión. Además, el exrector de la UCR, Henning Jensen, promovió denunciar a las diputadas y diputados por prevaricato”.
Sobre este punto del informe el legislador independente Erick Rodríguez Steller cuestionó el uso de recursos públicos para realizar “ataques a los diputados”, por criticar el gasto en altos salarios en los centros de estudios.
