San José, 24 may (elmundo.cr)- Los diputados aprobaron esta tarde de forma unánime, con 50 votos a favor, un proyecto de ley que tiene por objetivo bloquear la señal de los celulares a las personas privadas de libertad.
Se trata del expediente 19.932, el cual consiste en una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones y establece que las empresas que brindan telefonía móvil, se encarguen de adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarias para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional.
Asimismo, el proyecto señala que las empresas que infrinjan con esta Ley, serán sancionadas mediante una multa de entre cinco a treinta salarios base del cargo de auxiliar judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República.
Los operadores de redes de telecomunicaciones y los proveedores de ese servicios tendrán un plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigencia del reglamento, para cumplir con la obligación establecida en esta reforma y deberán encargarse de que solo contemple los centros penales y que no afecte a los vecinos, ni comercios.
El proyecto fue aprobado en primer debate, es decir aún queda el trámite en segundo debate para que pase posteriormente al Poder Ejecutivo.
