San José, 30 ene (elmundo.cr)- El Tribunal Penal de Liberia condenó esta mañana a 216 años de prisión a Gerardo Alonso Ríos Mairena por el asesinato de cinco jóvenes y el intento asesinato hacia una menor de edad en Liberia, Guanacaste.
Se trata de Ariel Vargas Condega (24 años), Ingrid Massiel Méndez Serrano (24 años), Dayana Martínez Romero (24 años), Stephanie Hernández García (23 años) y Joseph Briones Solís (22 años).
La pena se distribuye en 35 años de cárcel por cada uno de los homidios calificados en alevosía, además, 35 años por la tentativa de homicidio calificado en alevosía a una menor de edad y 6 años de cárcel por el abuso sexual contra una mayor de edad.
“No le queda duda a este Tribunal que usted estaba ahí y que llevó a cabo los hechos”, señaló el juez esta mañana.
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De acuerdo con el Tribunal, como parte de las pruebas de los hechos, se encuentran la huella, el reconocimiento de la menor, un estudio de radiobase, así como las prendas que utilizaba ese día el asesino.
Los hechos se remontan al 19 de enero del 2017, cuando los jóvenes fueron hallados sin vida en el apartamento en el que vivían mientras concluían sus estudios universitarios. Las víctimas se encontraban atadas de manos y pies y solamente la menor se encontraba con vida al momento del hallazgo.
El Tribunal explicó esta mañana que Ríos Mairena colocó a sus víctimas en una condición en la de que no iban a poner resistencia y cuando no tenían la más mínima oportunidad de defensa fue cortando los cuellos uno por uno, ocasionando heridas de hasta 14 centímetros de profundidad.
“No hay ningún elemento que haga indicar que hubo más un autor. De esta manera el Tribunal ha descartado que haya más de un autor y usted sí estuvo en el lugar de los hechos” insistió el juez.
El acusado deberá pagar 20 millones de colones en indemnización a la familia de la víctima Ariel Antonio Vargas, quien según la Fiscalía, fue la persona con la que Ríos más se ensañó durante el ataque.
La pena de cárcel reducida a 50 años, establecida por la Sala Constitucional como pena máxima en el país.
