San José, 10 jun (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades públicas después de analizar el informe de mayoría presentado por diputados que integran la Comisión Legislativa que estudió el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales.
El informe que presentó la Comisión Legislativa concluyó que la política salarial de las universidades ponen en riesgo al FEES, por lo que se cerrarían sedes y ofertas académicas, además de que existen diferencias sustanciales en la distribución de los recursos en las sedes regionales.
Ante esto el Conare indicó que “las universidades públicas son generadoras de conocimiento, centros de pensamiento crítico, formación integral y análisis de la realidad nacional”.
“Las universidades estatales han desempeñado un papel vital en la consolidación del sistema democrático y la paz de nuestro país; gracias a su contribución al progreso social, económico, científico, cultural y ambiental de Costa Rica”, agrega.
Esto ha sido posible, al “garantizar el adecuado financiamiento de la educación universitaria frente a intereses particulares económicos y políticos. Esta garantía ha sido elevada a rango constitucional por los artículos 78 y 85 de la Constitución Política”.
Para el Conare “el dictamen de mayoría presentado no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos”.
“Este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas, pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19, demostramos que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación nos aleja del camino del desarrollo que anhelamos. No se debe limitar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ni mucho menos de la educación superior pública que permite contar con el capital humano para enfrentar las crisis sanitarias, económicas y ambientales”, sostiene.
De igual forma, explican que “el tema de regionalización ha sido prioritario desde hace muchos años y muestra de ello es que ha destinado por más de una década, sustanciales recursos adicionales a los invertidos por cada universidad de manera específica. Por medio del Fondo del Sistema (FEES), desde el 2018 se han destinado por año más de 1000 millones de colones para que sean invertidos en las regiones”.
Por tal motivo, “las universidades públicas y Conare trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada”.
“Conare y las universidades estatales reiteran su compromiso con el país y la ciudadanía por medio de la mejora continua, la transparencia, la calidad, en un ejercicio permanente de autocrítica”, concluye.
