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Sala IV da curso a recurso de amparo del TEC por los fondos del Centro Académico de Limón

» La acción legal busca frenar la retención de ₡492,9 millones que pone en riesgo servicios, becas y salarios en la sede caribeña.

San José, 10 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional dio curso al recurso de amparo presentado por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en favor de los estudiantes y funcionarios del Centro Académico de Limón, ante el incumplimiento en el giro de transferencias presupuestarias.

El recurso, interpuesto contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Tesorería Nacional, denuncia la retención de los fondos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026, los cuales ascienden a ₡492,9 millones.

Dichos recursos, según la institución, están debidamente asignados en la Ley de Presupuesto de la República 2026.

En la resolución del 10 de noviembre, bajo el expediente N.° 26-041506-0007-CO, el Tribunal Constitucional ordenó a los jerarcas de Hacienda, Educación y al Tesorero Nacional rendir un informe bajo juramento en un plazo de tres días hábiles tras la notificación.

La Sala advirtió que, de no presentarse dicho informe, los hechos denunciados se tendrán por ciertos.

La falta de estos recursos impacta directamente la operatividad del Centro Académico de Limón, afectando el pago de servicios, la planilla de las plazas financiadas con esta renta específica, así como las becas y ayudas estudiantiles.

Desde las autoridades del TEC señalaron que mantienen la apertura al diálogo y que continuarán utilizando “todos los medios y recursos legales disponibles” para reclamar los fondos, al considerar que pertenecen a las universidades públicas y al futuro de la educación costarricense.

Esta acción legal se da en un contexto de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas, marcado recientemente por la aprobación en la Comisión de Asuntos Hacendarios de un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2026.

Por su parte, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) ha denunciado que estas medidas contravienen los acuerdos suscritos con el Gobierno para la devolución de recursos postergados.

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