El recorte fue aprobado mediante la moción 9 del expediente legislativo 25.803, correspondiente al Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026, en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Según CONARE, la decisión afecta el financiamiento de la educación superior pública y desconoce el compromiso suscrito el 20 de noviembre de 2025, durante la Comisión de Enlace, entre representantes del Gobierno, las universidades públicas y el sector estudiantil.
Ese acuerdo establecía la devolución gradual de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que fueron postergados durante los años 2020 y 2021.
La organización señaló que este nuevo recorte se suma a otra reducción de ₡8.048 millones incorporada en el Presupuesto Nacional de 2027, aprobado en primer debate.
De esta manera, ambas decisiones representan una disminución acumulada de ₡16.096 millones en los recursos del FEES.
Para CONARE, estas medidas debilitan la confianza en los procesos de negociación y vulneran la seguridad jurídica, al desconocer compromisos formalmente asumidos entre el Gobierno y las universidades públicas.
Universidades advierten afectación de becas y servicios
El Consejo advirtió que la reducción de recursos compromete el funcionamiento de las universidades públicas y la continuidad de los servicios que ofrecen a la población.
Entre las áreas que podrían verse afectadas mencionó la atención de las necesidades estudiantiles, los programas de becas y otros apoyos, el mantenimiento de instalaciones, el equipamiento de laboratorios y las actividades de docencia, investigación, extensión y acción social.
CONARE también alertó sobre las consecuencias para las regiones costeras y rurales fuera de la Gran Área Metropolitana, donde las universidades públicas acercan la educación superior a la población.
La entidad indicó que la reducción presupuestaria podría limitar la presencia universitaria en esos territorios y las oportunidades de miles de jóvenes para iniciar y concluir una carrera.
Además, sostuvo que las consecuencias no recaen únicamente en los estudiantes, sino también en sus familias y comunidades, para las que la educación superior pública representa una oportunidad de superación y mejores condiciones de vida.
