San José, 18 nov (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó un aporte solidario de ₡785 millones destinado al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el objetivo de atender las necesidades financieras que enfrentan ambas instituciones durante el cierre del 2026.
La decisión, formalizada en la sesión ordinaria No. 39-2026 del pasado 10 de noviembre, responde a las solicitudes extraordinarias planteadas por las autoridades de ambas universidades ante las limitaciones presupuestarias derivadas de la reducción de recursos aprobada recientemente en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Según detalló el CONARE, del monto total aprobado, ₡284 millones se destinarán al ITCR y ₡501 millones a la UNED. En el caso de esta última, ₡284 millones corresponden a transferencias corrientes y ₡217 millones a transferencias de capital.
“El acuerdo responde a un esfuerzo de contención del gasto y priorización institucional para contribuir a atender necesidades financieras de ambas universidades durante el 2026”, señaló el Consejo.
Para concretar este apoyo, el CONARE debió implementar medidas de contención del gasto, identificar contrataciones prescindibles y postergar proyectos de infraestructura y otras iniciativas programadas para el presente año, tales como la adquisición de bases de datos especializadas.
El organismo aclaró que estos recursos no provienen de fondos ociosos, sino de una gestión presupuestaria responsable que incluye fondos del Sistema, recursos del FEES institucional, flujos presupuestarios del 2026 y partidas vinculadas a la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados (ORE).
Un alivio parcial
A pesar del esfuerzo, el CONARE enfatizó que este aporte constituye una ayuda solidaria parcial que no solventa la totalidad de los requerimientos financieros de las universidades. Por su parte, el ITCR ha señalado que, aunque los ₡284 millones permitirán mitigar las dificultades operativas, especialmente en su Centro Académico de Limón, el monto resulta insuficiente frente a la magnitud del recorte presupuestario que afecta a las universidades públicas.
El traslado efectivo de los fondos queda sujeto a la formulación de una modificación presupuestaria y a la aprobación de los presupuestos extraordinarios de ambas universidades por parte de la Contraloría General de la República.
Este escenario se desarrolla en un contexto de alta tensión entre el sector universitario y el Poder Legislativo, tras la reciente aprobación de recortes por ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el segundo presupuesto extraordinario de 2026, una medida que ha sido rechazada categóricamente por los rectores al considerarla un incumplimiento de los acuerdos suscritos en la Comisión de Enlace.