San José, 15 oct (elmundo.cr) –Todo inició aproximadamente a las 10 de la mañana. Mientras los rayos del sol calentaban el ambiente, poco a poco llegaban indígenas de las comunidades de Bribri, Cabegra y Terraba, a las inmediaciones de Casa Presidencial, para protestar contra la estrategia REDD+.
Los representantes de estos territorios no terminaban de acomodarse, cuando fueron abordados por guardas de seguridad de Casa Presidencial, quienes indicaron que este Gobierno permite manifestarse siempre y cuando sea de forma pacífica.
Pocos minutos después, un grupo de al menos ocho policías de la Fuerza Pública le preguntaron a Delfín Figueroa Mayorga-representante de las comunidades-el motivo por el cual se estaban manifestando, para trasladar la inquietud a lo interno de Presidencia.
Al término de las 11 de la mañana habían al menos unos 200 indígenas, que se hicieron acompañar por música a todo volumen, que transmitía un vehículo, incluso se lograba escuchar a lo interno de recinto público.
Lo anterior provocó que se estableciera el acostumbrado cordón policial, para no permitir el paso a un costado de Casa Presidencial.
El entorno se puso denso, cuando un funcionario les indicó a los manifestantes que solamente recibirían en la mesa de diálogo a 6 representantes, los cuales serían elegidos por las comunidades.
Esto generó la molestia de los presentes, quienes alegaron venir desde muy lejos, por lo que querían nombrar al menos a 13 voceros.
En medio de la discusión entre el Gobierno e indígenas sobre la cantidad que podía ingresar, se escuchaban gritos y reclamos contra el presidente Luis Guillermo Solís.- “Cuál es el miedo de dejarnos entrar”, “nos están cerrando las puertas”, “el que nada debe nada teme”, “no dijo que cuando esté perdido lo buscáramos, pues acá estamos”-.
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Al fin hubo un acuerdo entre las partes y 11 indígenas ingresaron a Casa Presidencial, para sostener un encuentro con la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriela Zúñiga Aponte.
El trasfondo del problema
Por su parte, Figueroa conversó con EL MUNDO sobre el interés que tiene REDD+ de ingresar al territorio, para llevar a cabo algunos planes de reducción de emisiones de gases.
“En cierta medida lo vemos bien, pero los planes no se adaptan a nuestras costumbres y formas de vida”, agregó.
Según dijo, la idea es buscar un consenso entre ellos y el Gobierno, además quieren que los planes sean consultados dentro de los territorios.
El ciudadano contó que en una Asamblea nombraron a 12 representantes de las regiones y enviaron un documento al Gobierno, para solicitar que se les incluya en el proceso de consultas. Sin embargo, al parecer aún no reciben una respuesta.
“Sentimos que Solís nos está ocultando algo, porque no hay respuesta clara sobre llevar las consultas dentro de las comunidades. Él nos dijo que no nos podía atender hoy y que dejaría a la Viceministra a cargo, porque tenía que ver el proceso de Salitre de Buenos Aires, pero ahora nos damos cuenta de que se encuentra en su despacho”, manifestó Figueroa.
La Viceministra explicó que los ciudadanos tenían una serie de inquietudes sobre la forma en que la estrategia eventualmente podría impactar los territorios indígenas.
También aclaró que el Ejecutivo no está en un proceso de consulta indígena, como lo establece el convenio 169 de la OIT, sino que están divulgando la información de lo que significa la reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque.
“El proceso de consulta se hará más adelante. Presentamos que el programa de pagos por servicios ambientales, que administra el FONAFIFO, es un instrumento voluntario, a la cual las personas físicas o de los territorios indígenas pueden acceder por medio de una solicitud, para ser beneficiarios de esos pagos”, comentó.
Zúñiga agregó que se debe dividir el programa de pago por servicios ambientales, que está funcionando en el país y la estrategia REDD+ que aún no ha sido aprobada.
En el caso del programa de pago por servicios ambientales, se tramita a través de las asociaciones de desarrollo integral, porque son ellos los que legalmente en el país tienen la representación jurídica de ese territorio que es colectivo.
“Hay personas y así lo han manifestado en diálogos con pueblos indígenas, que consideran que se les debe dar a ellos de forma individualizada el pago por servicios ambientales, pero nosotros no lo podemos hacer porque legalmente no está permitido, y porque va en contra de la misma cosmovisión indígena que defiende la reivindicación de sus territorios desde una perspectiva colectiva”, finalizó.
