Puntarenas, 04 sep (elmundo.cr) – Las comunidades de Orocú y Santa Juana, en el distrito de Chomes, Puntarenas, enfrentan una crisis de agua potable que se extiende por 13 días, según denuncian sus habitantes.
Los vecinos señalan a la actividad de los “quebradores” o empresas extractoras de materiales como los principales responsables de la reducción del caudal de los ríos que abastecen a la zona.
Roxana Flores, vecina y lideresa comunitaria de Orocú, relata que “el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”. Flores explica que la extracción masiva de materiales en las cercanías del río Lagartos, ha afectado la disponibilidad del recurso hídrico.
La problemática de Chomes es un reflejo de lo que ocurre en otras zonas del país. Dylanna Rodríguez Muñoz, socióloga y coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, advierte sobre la expansión de los quebradores en los últimos 15 años.
Rodríguez señala que “una buena parte de la arena y piedra que sale de los ríos del país son destinadas al mercado internacional”, mientras las comunidades sufren la falta de agua potable.
Los vecinos critican la ausencia de un control efectivo por parte de las instituciones estatales. Aseguran que los quebradores operan sin una fiscalización rigurosa, lo que agrava la crisis. Flores menciona que se han visto en la necesidad de realizar esfuerzos comunitarios para restablecer el suministro de agua, incluyendo la limpieza del pozo y la instalación de tuberías, con recursos limitados.
La falta de agua afecta especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores, menores, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud. Flores expresa su preocupación por la situación, ya que el suministro de agua por parte del AyA es irregular.
Rodríguez destaca la necesidad de reformar el Código de Minería de 1982, que considera obsoleto. “Las comunidades no apelan a dejar de otorgar permisos, sino qué se hagan de manera transparente y apegados a las condiciones territoriales, hídricas y climáticas”, indica Rodríguez, quien presentó en 2024 el proyecto de Ley 24.722 para reformar el código.
La situación en Orocú y Santa Juana se suma a otras luchas comunitarias en el país. Las comunidades exigen acciones urgentes y efectivas para proteger los ríos y garantizar el acceso al agua potable, considerándolo un derecho humano fundamental.
