San José, 10 oct (elmundo.cr) – La Comisión Asuntos de Hacendarios señaló que dictaminó el III Presupuesto Extraordinario, en el cual se incorporaron importantes recursos para el aporte del 10% del Instrumento Rápido de Financiamiento (IRF) del FMI a la CCSS, los subsidios alimentarios al MTSS para atender a las personas afectadas laboralmente por la pandemia, la reserva de vacunas contra el COVID-19 y la adquisición de alimentos en el programa de comedores escolares del MEP.
Asimismo, los miembros de la Comisión los liberacionistas Silvia Hernández Sánchez, Ana Lucía Delgado Orozco, Gustavo Viales Villegas, la socialcristiana María Inés Solís Quirós, Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, Harllan Hoepelman de Nueva República y Giovanni Gómez Obando de Restauración Nacional aseguraron que el Gobierno pretendía también, con ese presupuesto, pagar gastos corrientes y ordinarios del MEP utilizando el ahorro de intereses generados por la mejora en la gestión de la deuda de créditos internacionales.
“Esos son gastos que, por falta de planificación y de manera irresponsable, el MEP no presupuestó en tiempo y forma”, aseguran los legisladores.
Los diputados advirtieron que la jerarca del MEP, Guiselle Cruz y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, serán llamados a cuentas inmediatamente para que rindan explicaciones por no haber presupuestado los recursos necesarios, suficientes y completos para esos rubros que no tienen nada de extraordinarios.
“No haberlo hecho en partidas tan sensibles como las remuneraciones es su responsabilidad y NO la de los diputados, considerando además que ya se han tramitado previamente dos presupuestos extraordinarios sin que solicitaran los ajustes”, sentenciaron.
Si bien el MEP realizó una modificación interna por (¢9.571,0 millones), lo cierto es que era insuficiente para cubrir la totalidad de gastos que pretendía aumentar (¢13.786,1 millones).
Además, destacaron que los montos prevenientes del ahorro citado, se han pretendido utilizar, no para aliviar el déficit fiscal, sino para cubrir también gastos corrientes en otras instituciones que, sin dudar de la importancia de la que revisten (IMAS, Conapam, Conavi y Conapdis), la autorización de ese gasto conllevaría elevar el déficit a un 11,7%. Esto último fue considerado por la Contraloría General de la República como un acto inadecuado, alarmante y preocupante en el contexto que vive el país.
“Ante el ausente compromiso de austeridad, la desidia en la contención del gasto y el desinterés del Ejecutivo por evitar un agravamiento, aún mayor, de la situación financiera, las y los diputados exigimos que el Poder Ejecutivo remita cuanto antes, un nuevo Presupuesto Extraordinario”, destacaron.
Finalmente, la Comisión señaló que en ese documento deberán reflejarse los movimientos de partidas necesarios, que incluyan los sobrantes previsibles a la fecha y, sobre todo, evidenciarse esfuerzos concretos de auto revisión del gasto, para así dotar de contenido los rubros de gasto corriente y operativo que se pretendían llenar con los ahorros del Estado tanto en el MEP, como en las instituciones sociales.
