San José, 10 nov (elmundo.cr) – La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó de forma positiva el proyecto de Ley Ciudad Gobierno, tras concluir el análisis del texto sustitutivo que establece las bases para la ejecución de esta solución inmobiliaria estatal.
El diputado de la fracción de gobierno, Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, confirmó la noticia este martes. “Con mucha satisfacción debo informarles que ha sido aprobado tanto el informe como el texto sustitutivo de una forma afirmativa. De esta suerte que ya el expediente queda listo para ser conocido por Plenario cuando así se disponga”, señaló el legislador.
El proyecto, declarado de interés público, tiene como objetivo central agrupar a diversos entes y órganos de la Administración Pública en una infraestructura funcional, con el fin de disminuir la dispersión física de las instituciones, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la atención a los ciudadanos.
Detalles de la propuesta
El texto sustitutivo aprobado establece la creación de una comisión coordinadora, integrada por los jerarcas de los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Obras Públicas y Transportes (MOPT), Hacienda y Vivienda y Asentamientos Humanos. Este órgano será el encargado de definir el listado de instituciones participantes y supervisar la ejecución del proyecto.
La modalidad de ejecución autorizada permite al Ministerio de Hacienda formalizar un contrato de arrendamiento de bienes por construir con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el articulado, el plazo inicial del contrato será de hasta 30 años, con posibilidad de prórrogas hasta alcanzar un máximo de 50 años.
Asimismo, la normativa incluye disposiciones específicas para el traspaso de inmuebles necesarios para el desarrollo de la obra, incluyendo terrenos estatales y la desafectación de tramos de vías públicas en el distrito Catedral de San José, sujetos a estudios técnicos de impacto y mitigación vial.
El proyecto subraya que la solución inmobiliaria debe armonizarse con el desarrollo regional y no debe interpretarse como un mandato de concentración exclusiva en la Gran Área Metropolitana (GAM) en detrimento de otras zonas del país.
