San José, 30 jul (elmundo.cr) – La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime la moción presentada por los diputados de la fracción de Pueblo Soberano para investigar el uso de recursos públicos por parte de las universidades estatales.
La iniciativa, impulsada por los legisladores Kattya Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora, Stephan Brunner y Antonio Barzuna, se enfocará en fiscalizar la administración, ejecución y transparencia de los fondos asignados a estas instituciones, con especial énfasis en aquellos provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).
La investigación, que tendrá un plazo de hasta dos años, busca profundizar en la composición del gasto administrativo frente al gasto sustantivo de cada universidad. Según el texto aprobado, se examinarán rubros específicos como gastos de representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.
El objetivo central es determinar la razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y finalidad pública de estas erogaciones, así como verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, economía y rendición de cuentas. Al finalizar el proceso, la comisión formulará recomendaciones legales, reglamentarias o administrativas para fortalecer el uso responsable de estos recursos.
Como parte de la investigación, el órgano legislativo llamará a audiencia a los rectores de las cinco universidades públicas:
- Carlos Araya Leandro (Universidad de Costa Rica).
- María Estrada Sánchez (Instituto Tecnológico de Costa Rica).
- Jorge Herrera Murillo (Universidad Nacional).
- Rodrigo Arias Camacho (Universidad Estatal a Distancia).
- William Rojas Meléndez (Universidad Técnica Nacional).
Asimismo, se convocará a la presidencia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a los auditores internos y directores financieros de cada institución, y a la contralora general de la República, Marta Acosta.
La moción surge tras diversos cuestionamientos públicos sobre el destino de los fondos universitarios en actividades de representación y gastos administrativos, un tema que ha cobrado relevancia en el debate nacional sobre el financiamiento de la educación superior.
Por su parte, las autoridades universitarias han manifestado su disposición a colaborar con el proceso, apelando a la transparencia y al respeto a la autonomía universitaria durante la investigación.
