San José, 24 oct (elmundo.cr) – El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) expresó su “profunda preocupación” ante las recientes modificaciones al expediente legislativo 23.633, el cual pretende otorgar rango de ley al Protocolo de las 72 horas para la atención integral de víctimas de delitos sexuales.
El pasado miércoles 21 de octubre, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo que excluyó la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos garantizados en la propuesta.
Aunque posteriormente se anunció la intención de reincorporar este insumo, las legisladoras propusieron condicionar su entrega a la realización previa de una prueba de embarazo.
Ante este escenario, el CPPCR advirtió que establecer requisitos carentes de justificación científica o clínica “podría generar nuevas barreras en una ruta de atención que debe caracterizarse por la oportunidad, la sensibilidad y el respeto a la dignidad humana”.
“Desde la Psicología, enfatizamos que la atención a las víctimas de violación sexual debe contribuir a su recuperación y no convertirse en una nueva fuente de sufrimiento”, señaló el Colegio en un comunicado oficial.
La institución recordó que la violencia sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos con consecuencias severas en la salud mental, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
En este sentido, el CPPCR subrayó que la revictimización no solo ocurre mediante el trato inadecuado, sino también cuando los procedimientos institucionales imponen obstáculos innecesarios que retrasan la atención o limitan la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su propia salud.
Asimismo, el gremio hizo un llamado a basar la discusión legislativa en evidencia científica, citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece que la anticoncepción de emergencia actúa impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpe un embarazo establecido.
El Colegio instó a la Asamblea Legislativa a cumplir con tres puntos fundamentales:
- Garantizar la inclusión expresa de la anticoncepción de emergencia sin requisitos que retrasen su acceso.
- Asegurar que la atención se desarrolle bajo principios de oportunidad, confidencialidad y prevención de la revictimización.
- Incorporar criterios técnicos de especialistas en salud sexual, psicología, trauma y derechos humanos en la revisión del proyecto.
La modificación al expediente 23.633, impulsada por diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y respaldada por legisladoras del Partido Liberación Nacional (PLN), fue aprobada con seis votos a favor y uno en contra, siendo la diputada Vianey Mora, del Frente Amplio, la única en oponerse a la exclusión.
