San José, 24 oct (elmundo.cr) – El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica considera relevante el nuevo criterio de la Contraloría General de la República sobre el proyecto de ley que plantea eliminar el régimen de colegiatura obligatoria, al poner sobre la mesa las implicaciones que esta reforma podría tener en el control y la fiscalización de los recursos públicos.
En su análisis, la Contraloría advierte que el modelo de colegiatura voluntaria propuesto resulta insuficiente para determinadas actividades profesionales cuyos resultados respaldan decisiones, procesos de control y mecanismos de rendición de cuentas relacionados con la Hacienda Pública.
“Para el Colegio, uno de los aspectos centrales de este criterio es la necesidad de distinguir entre el régimen general de colegiatura y los requisitos especiales que deben mantenerse para determinadas funciones profesionales, particularmente aquellas vinculadas con la auditoría, el aseguramiento y la fiscalización de fondos públicos”, indicó Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos.
La Contraloría señala que, tal como está planteado el proyecto , podrían verse comprometidos requisitos como la colegiatura para ocupar cargos de auditor y subauditor, así como la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas de fondos públicos.
El órgano contralor también destaca que estas actividades requieren garantías de competencia técnica, independencia, ética, calidad, responsabilidad y supervisión, debido a los riesgos que representan para el interés público.
Ante este escenario, y en concordancia con la oposición que tenemos a este proyecto, el Colegio considera importante que las observaciones de la Contraloría sean valoradas durante el trámite legislativo y se elimine el proyecto.
La discusión, por tanto, es cómo se protegerán las condiciones de habilitación y supervisión aplicables a profesionales cuyas actuaciones inciden directamente en la transparencia, la confiabilidad de la información y el control de los recursos públicos.
El Colegio de Contadores Públicos considera que este criterio aporta elementos relevantes para el análisis de la iniciativa y la necesidad de que cualquier cambio normativo contemple los riesgos asociados a la contaduría pública y preserve las garantías que resulten necesarias para proteger el interés público.
Asociación Interamericana de Contabilidad también respalda la colegiatura obligatoria
A este criterio se suma el pronunciamiento de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), que analizó las implicaciones del proyecto de ley N.°25.747 a solicitud del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
La AIC advierte que no brinda suficiente claridad sobre la continuidad de los mecanismos de habilitación, supervisión y disciplina profesional que requiere la Contaduría Pública, especialmente por su responsabilidad en la emisión de informes, dictámenes y certificaciones que sustentan decisiones económicas, financieras, tributarias y administrativas.
Asimismo, señala que limitar las facultades de supervisión y disciplina a los profesionales afiliados voluntariamente podría dejar sin cobertura efectiva a quienes ejerzan sin incorporarse, con posibles consecuencias para la fiscalización, la revisión de calidad y la responsabilidad profesional.
La organización también destaca la importancia de mantener la formación continua, los estándares internacionales de calidad y los mecanismos de investigación y disciplina para garantizar un ejercicio profesional responsable y proteger la confianza pública.
Para el Colegio de Contadores Públicos, tanto las observaciones de la Contraloría como el pronunciamiento de la AIC aportan elementos relevantes para la discusión legislativa y refuerzan la necesidad de analizar las consecuencias de una reforma que podría modificar las condiciones bajo las cuales se supervisa el ejercicio de la Contaduría Pública en Costa Rica.
El Colegio considera que la promoción de la competencia y la modernización de los servicios profesionales deben ser compatibles con la protección del interés público, la calidad profesional y la confiabilidad de la información financiera.
