San José, 29 jul (elmundo.cr) – El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley N.° 25.747, “REFORMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y MODERNIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE COLEGIATURA”, por considerar que transgrede el ejercicio de la Contaduría Pública, la fe pública y los derechos de terceros; así como debilitar mecanismos esenciales de protección del interés público.
Nuestra posición no responde a la defensa de privilegios gremiales, ni a una oposición a la libre competencia. Los colegios profesionales no son simples asociaciones privadas ni de meros intereses privados, por décadas hemos realizado labores de fiscalización, actualización profesional, cumplimiento ético, adopción de normativas internacionales de índole técnico, mismas que se desligan de las potestades otorgadas por el Estado Costarricense en nuestras leyes constitutivas.
Considerar cualquier modificación al marco legal de los colegios profesionales debilita los mecanismos de control, responsabilidad y protección existentes. El proyecto propone convertir la colegiatura en voluntaria para la Contaduría Pública, pese a que la propia iniciativa reconoce que la colegiatura obligatoria puede justificarse cuando el ejercicio de una profesión pueda afectar gravemente la fe pública o los derechos de terceros”, indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos.
Los Contadores Públicos Autorizados en el ejercicio de la profesión emiten certificaciones, informes y otros trabajos que tiene carácter de documento público que sirven de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones públicas y privadas. Por ello, su ejercicio trasciende la relación entre el profesional y su cliente y compromete la confianza pública depositada en sus actuaciones.
El Colegio expresó su profunda preocupación por las disposiciones que de aprobarse en los términos planteados podrían generar efectos adversos sobre el funcionamiento y las competencias de los colegios profesionales, entre las misma se detallan las siguientes:
- Elimine la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la Contaduría Pública, sin desarrollar un análisis específico que justifique por qué esta profesión queda excluida de aquellas cuya naturaleza amerita un régimen especial de control.
- Limite la potestad de fiscalización y disciplina del Colegio exclusivamente a quienes voluntariamente permanezcan afiliados, lo que permitiría que personas que ejerzan la misma profesión queden sujetas a regímenes de control distintos.
- No determine qué autoridad especializada fiscalizará técnica, ética y disciplinariamente a quienes ejerzan la Contaduría Pública sin pertenecer al Colegio, ni establezca un mecanismo equivalente de protección para los usuarios y terceros.
- Pretenda sustituir la incorporación profesional por la inscripción en un Registro Nacional de Profesionales, cuando el registro de un título académico no equivale a la fiscalización permanente del ejercicio profesional ni garantiza, por sí mismo, el cumplimiento de normas técnicas y éticas.
- Afecte las fuentes de financiamiento asociadas al cumplimiento de funciones públicas del Colegio, sin establecer claramente cómo serán sostenidas o asumidas aquellas funciones necesarias para proteger a la ciudadanía.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reafirma su postura institucional y su firme compromiso con la protección del interés público, compromiso que ha guiado su labor durante casi ocho décadas de trayectoria al servicio del país. A lo largo de este tiempo, el Colegio ha desarrollado y consolidado mecanismos de regulación, fiscalización y supervisión orientados a garantizar que el ejercicio de la Contaduría Pública se realice bajo los más altos estándares de idoneidad, independencia, objetividad, transparencia, ética y actualización profesional.
“Esta labor no se limita a la defensa de los intereses de sus agremiados, sino que responde a una responsabilidad fundamental frente a la sociedad costarricense: velar permanentemente por la calidad, integridad y confiabilidad del ejercicio profesional, procurando que quienes ejercen la Contaduría Pública cuenten con las competencias técnicas y éticas necesarias para asumir las responsabilidades que la profesión demanda”, añadió Ovares.
En conclusión, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ratifica de manera categórica su oposición al Proyecto de Ley N.° 25.747, en cuanto pretende modificar un régimen que ha permitido al Estado y a la sociedad contar con mecanismos efectivos de control sobre el ejercicio de la Contaduría Pública.
Cualquier debilitamiento de estos mecanismos representa un riesgo para la fe pública y para la protección de los usuarios de los servicios profesionales. En consecuencia, el Colegio solicita que el proyecto sea rechazado en su totalidad, manteniéndose incólume la normativa vigente y las competencias que el ordenamiento jurídico ha conferido al Colegio para garantizar, por encima de cualquier interés particular o gremial, la protección del interés público y de la fe pública.
