San José, 08 jul (elmundo.cr) – El Colegio de Abogados deberá dar pensión a los abogados que tienen o lleguen a tener una pensión de lujo.
Pensionados como la exmagistrada Ana Virginia Calzada, que recibe una pensión total superior a los 7 millones de colones (con rebajas es de casi 4 millones) y la ex fiscal general Emilia Navas Aparicio (más de 6 millones) sumarán a sus ingresos lo que les dé el Colegio de Abogados.
A esa lista se suman los nombres de los exmagistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez (más de 6 millones), Rolando Vega Robert (más de 5 millones) y Ricardo Zeledón Zeledón (más de 4 millones).
Una reforma a la Ley del Colegio de Abogados permitió que se trasladaran los dineros del llamado “timbre”, (ingreso que fue originalmente creado para financiar a la institución) a la creación de un fondo de pensiones en favor de los abogados.
El timbre impone como un pago forzado en gestiones notariales, registrales y judiciales. Los abogados no están obligados a aportar a ese fondo como se exige en los demás sistemas de pensiones, por lo que el fondo de pensiones del colegio de abogados tiene como único ingreso el timbre.
Si bien se estableció como una obligación para abogados y notarios, la queja ha sido que se traslada el costo de este timbre a los usuarios. Por esa razón la Asamblea Legislativa buscó eliminar el timbre por medio del expediente 23.532, pero el Colegio de Abogados se opuso.
El Colegio se ha visto envuelto en cuestionamiento a sus comisiones debido a que estas emiten criterios y son conformadas por contrarios políticos al gobierno, como la exdiputada Gloria Navas, el papá del excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, entre otros. Los criterios han sido emitidos sin el respectivo aval de las Junta Directiva, pero se hacen a nombre de la institución.
También el Colegio de Abogados se vio envuelto en un conflicto con más de mil profesionales graduados de derecho, quienes en forma masiva perdieron el examen de incorporación a la institución.
En cuanto al timbre, el abogado Álvaro Sánchez presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, pero esta fue rechazada por los magistrados, quienes son también abogados y se beneficiarían de esa pensión.
Este fondo tiene más de 50 años de existencia, por lo que se supone que debía ser un monto considerable. En comentario en sus redes sociales el fiscal de la institución, quien no tiene entre sus funciones dar a conocer información de la Institución distinta a su cargo, comentó que el Colegio de Abogados tiene una reserva de tan solo de ¢3,500 millones y que al menos 5224 abogados ya tienen derecho a pedir su pensión.
El abogado León Montoya reclamó judicialmente su derecho a una pensión, el cual le fue reconocido tiempo atrás. Este reclamo, que se encuentra en los tribunales de justicia desde hace una década, confirmó el derecho de Montoya a recibir la pensión de su colegio.
Tras años de litigio el Tribunal Contencioso Administrativo sección de ejecución ordenó a los miembros actuales de la Junta Directiva del Colegio otorgar la pensión a todos los agremiados con la advertencia de que de no hacerlo testimoniaría piezas ante el Ministerio Público.
