San José, 29 jul (elmundo.cr) – El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó su profunda preocupación ante los recortes presupuestarios que enfrenta el Poder Judicial, advirtiendo que estas medidas ponen en riesgo la administración de justicia, el acceso efectivo de la ciudadanía a este servicio esencial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En conferencia de prensa, la Junta Directiva de la institución, encabezada por su presidente, Miguel Arias Maduro, enfatizó que la misión del gremio es velar por la protección del orden constitucional y garantizar que el sistema judicial opere de manera independiente, eficiente y oportuna.
“Cada recorte repercute en procesos más lentos, investigaciones más complejas, mayores atrasos y un acceso más difícil a los servicios judiciales para miles de costarricenses. La justicia no puede convertirse en una víctima de las restricciones presupuestarias”, sentenció Arias Maduro.
El gremio de abogados subrayó que una administración de justicia debidamente financiada es un pilar fundamental para la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Por el contrario, advirtieron que la insuficiencia de recursos debilita la capacidad del sistema para responder a las necesidades del país, lo cual podría erosionar la estabilidad democrática.
Ante este panorama, el Colegio hizo un llamado a las autoridades de la República para que las decisiones presupuestarias se adopten con “visión de Estado”, priorizando el diálogo y la búsqueda de consensos.
“La inversión en justicia no constituye un gasto, sino una garantía para la democracia, la seguridad jurídica, el desarrollo económico y la protección efectiva de los derechos humanos”, señaló la organización mediante un comunicado oficial.
Finalmente, la Junta Directiva reiteró su disposición para actuar como un espacio de encuentro entre los Poderes de la República, ofreciendo su conocimiento técnico y jurídico para construir soluciones que permitan fortalecer la institucionalidad del país.
