San José, 12 mar (elmundo.cr/EFE) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprendió al Gobierno de Costa Rica por “abusar” de la prisión preventiva, al considerar que dicha medida debe ser “excepcional”.
La Relatoría de la CIDH sobre los derechos de las personas privadas de libertad, que visitó Costa Rica del 15 al 18 de febrero, publicó este viernes un comunicado de prensa en el que reunía comentarios que indicaban que la prisión preventiva prevalece sobre la aplicación de medidas alternativas.
“El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo indicó que se abusa de la prisión preventiva, y que esta figura se ha ido convirtiendo en una regla y no en la excepción”, dice la nota de prensa.
En enero de 2016, nuestro país tenía 2530 personas en prisión preventiva, el 18 % del total de la población detenida en centros penitenciarios, según cifras oficiales.
“La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez se refirió al uso irracional de la prisión preventiva, y una persona privada de libertad en la cárcel de San Sebastián manifestó que ‘no nos investigan para detenernos. Nos detienen para investigarnos'”, agrega la CIDH.
Ante estos testimonios, la Comisión recordó que el uso de la prisión preventiva debe tener carácter “estrictamente excepcional”, y que su aplicación “se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad”.
“Es la medida más severa que se puede imponer a un imputado, pues implica su encarcelamiento, con todas las consecuencias reales que esto conlleva para la persona y su familia”, dice la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
En una visita de la Comisión al Centro de Atención Institucional La Reforma, el de mayor población penitenciaria con capacidad para 2380, la Relatoría pudo constatar las “deplorables condiciones en la infraestructura del centro, así como la escasez de agua”.
Según datos oficiales, Costa Rica tiene encarceladas a unas 14.000 personas, lo que supone alrededor de un 51 % más de la capacidad de los centros penales, que cuentan con 9130 celdas.
