San José, 17 feb (elmundo.cr) – La reducción de estudiantes por aula anunciada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para el curso lectivo 2026, que iniciará el 23 de febrero, abre una “oportunidad histórica” para fortalecer la calidad educativa en Costa Rica, según el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).
La medida, comunicada por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, reducirá los grupos de preescolar de 25 a 18 niños, los de primaria de 35 a 25 y los de secundaria de 40 a 25 estudiantes.
Kenneth Cubillo Jiménez, director de la División de Educación Rural del CIDE, afirmó que la decisión “constituye una medida coherente con la realidad demográfica del país” y que “debía atenderse desde hace muchos años”. Cubillo explicó que la baja en la natalidad, que impacta la matrícula, debe ser vista como una oportunidad para avanzar hacia procesos más personalizados y una atención más cercana entre docente y estudiantado.
El académico señaló que los nuevos rangos se alinean con los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubican el promedio de estudiantes por grupo en 21 en primaria y 23 en secundaria para países miembros.
Susana Jiménez Sánchez, decana del CIDE, respaldó la medida y recordó que el sector docente ha enfrentado durante años grupos numerosos, lo que “les impide atender adecuadamente a los estudiantes”. Jiménez explicó que la reducción favorece el seguimiento formativo y la convivencia escolar, ya que “entre más conoce la persona docente a su estudiante, mejor adapta sus estrategias de seguimiento y de evaluación”.
Ambos especialistas coinciden en que el impacto no será inmediato y que se requiere una agenda complementaria que incluya fortalecimiento de la formación docente, revisión curricular, mejoras en infraestructura y equipamiento, así como apoyo interdisciplinario en los centros educativos.
Cubillo concluyó que “la coyuntura demográfica no debe leerse como una crisis, sino como una posibilidad de transitar hacia un modelo educativo centrado en la persona y en la calidad del proceso formativo”.
La decisión del MEP modifica los parámetros de matrícula vigentes y coloca en el debate nacional la inversión por estudiante, la atención a la diversidad y el fortalecimiento del sistema educativo público.
