Sánchez fue la primera en hacer su intervención, señalando reiteradas veces que la prensa mal informó y mal interpretó términos ya que no se están liberando privados de libertad, sino que se trata de un cambio de régimen a un sistema semi-abierto, en el que el sentenciado simplemente va a dormir a la cárcel algunos días a la semana y tiene que apegarse a una serie de lineamientos estrictos o de lo contrario perderán el derecho y regresarán a la cárcel.
La jerarca desmintió las cifras dadas por los medios de comunicación, respecto a la cantidad de personas privadas de libertad que estarían pasando al régimen semi-institucional. A la fecha este año solo 743 personas han logrado optar por ese régimen por lo que las cifras de 5000 y 10.000 dadas con anterioridad, son falsas.
“Si ustedes me preguntan en este momento cuántas son las personas que vamos a reubicar, no lo podría confirmar. Nosotros no podemos hablar de números, las proyecciones mediáticas que se hicieron, se hicieron a partir de la meta del Plan Nacional de Desarrollo”, dijo la jerarca.
Sánchez explicó además que en Costa Rica existen cuatro regímenes sancionatorios. El institucional (cárcel), semi-institucional (solo unas horas de cárcel), comunitario (trabajo comunitario, sin cárcel) y juvenil (con 700 personas recluidas actualmente, todas ellas en edad productiva y apta para estudiar).
Además, la jerarca dijo que en el país lejos de imperar la impunidad se abusa con la pena de cárcel, especialmente por la creación de los Tribunales de Flagrancia así como la eliminación de las contravenciones.
“Nuestro Código Penal carece de un abanico de posibilidades de penas que no sean la prisión”, indicó Sánchez solicitando a los diputados unirse a los esfuerzos por reformar el Código Penal para dejar que todos los delitos se castiguen con cárcel. La jerarca asimismo señaló que otro de los factores que inciden en que por mes, 600 personas ingresen a la cárcel es el abuso en el mecanismo de la prisión preventiva.
“Las cárceles se convirtieron en bodegas y depósitos de personas”, dijo Sánchez.
La ministra recordó que 20 sentencias de jueces y de la Sala Constitucional la obliga a tomar decisiones, ya que de lo contrario ella y otros funcionarios públicos irían a parar a la cárcel por el delito de desobediencia. Once de las trece cárceles en Costa Rica están en cierre técnico y no se pueden enviar más privados de libertad ahí, porque el hacinamiento supera el 20%, nivel que según los estándares internacionales ya es considerado crítico.
