San José, 19 oct (elmundo.cr) – Nueve funcionarios públicos se mantienen alejados de sus cargos debido a su papel en la polémica relacionada con la importación de cemento chino, por parte de la empresa Sinocem, propiedad de Juan Carlos Bolaños Rojas.
Seis de los involucrados laboran en el Banco de Costa Rica (BCR) y los restantes tres son funcionarios del Poder Judicial, el cual está en la mira pública desde hace varias semanas por haber desestimado -y luego reabierto- casos sobre ese tema.
El primero en ser separado para indagar sus actuaciones fue el gerente general del BCR, Mario Barrenechea, cuya suspensión expira este 26 de octubre.
Posteriormente, Casa Presidencial apartó del cargo a cinco directores del Banco: Mónica Segnini, Alberto Raven, Evita Arguedas, Paola Mora y Francisco Molina, al tiempo que Ronald Solís y Gustavo Arias presentaron su renuncia, tal y como lo pidió el presidente Luis Guillermo Solís.
En el Poder Judicial, las suspensiones se adoptaron durante el transcurso de este mes. El primero en ser apartado del puesto fue el Fiscal General, Jorge Chavarría; quien por decisión de la Corte Plena está fuera durante tres meses, con goce de salario.
Chavarría fue separado tras revelarse que el Ministerio Público recomendó desestimar una causa contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, pasando por alto un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que daba cuenta de miles de contactos telefónicos de ellos con Juan Carlos Bolaños.
Por ese caso, Berenice Smith renunció al cargo de Fiscal General Subrogante y volvió a su plaza de Fiscal de Probidad, sin embargo, la sustituta de Jorge Chavarría -Emilia Navas Aparicio- ordenó su traslado a la Fiscalía de Cartago.
Asimismo, el Consejo Superior del Poder Judicial reubicó al fiscal adjunto de Crimen Organizado, Francisco Fonseca, luego de que el Tribunal de la Inspección Judicial pidiera como medida cautelar apartarlo de su actual cargo, por supuestamente entorpecer las investigaciones del cementazo, con intervenciones inapropiadas en la tramitación de expedientes del caso.
El siguiente suspendido fue Celso Gamboa, magistrado de la Sala III. La medida fue adoptada por la unanimidad de la Corte Plena en una sesión extraordinaria que se prolongó por casi 9 horas el miércoles anterior. Gamboa está apartado de su Magistratura durante tres meses, con goce de salario.
Actualmente, el Magistrado enfrenta denuncias penales y casos administrativos que se investigan a lo interno de la Corte Plena por sus supuestos nexos con Juan Carlos Bolaños, y su condición física-mental en el Aeropuerto de México tras un viaje oficial.
Un día después de ser suspendido, el letrado de Gamboa, Justo Pastor López fue apartado del cargo durante tres meses por decisión del Consejo Superior del Poder Judicial.
López es investigado a raíz del testimonio del exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, quien afirmó que el letrado de Gamboa lo contactó en más de cinco ocasiones para consultarle sobre el estado de una causa judicial contra Guillermo Quesada, exsubgerente del Banco de Costa Rica y quien remitió a tribunales un audio de una conversación que sostuvo con Juan Carlos Bolaños en un hangar del Aeropuerto Tobías Bolaños.
La Fiscal General en funciones, Emilia Navas, realizó allanamientos en las oficinas de Celso Gamboa, su asistente y de Justo Pastor López durante el jueves, con el fin de buscar evidencias para la causa penal que se sigue en contra del Magistrado por los supuestos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho.
En esa causa penal también figura como investigado el Fiscal General suspendido, Jorge Chavarría.
