San José, 25 nov (elmundo.cr) – El Grupo de Afectados por la Estafa del BCR-SAFI recibe con satisfacción la reciente resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, que rechaza la medida cautelar solicitada por el Banco de Costa Rica (BCR) para suspender su obligación de aportar $70 millones más gastos de adquisición al Fondo Inmobiliario No Diversificado, propietario del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
“Desde el Grupo de Ahorrantes Afectados por la administración irregular de los fondos depositados en BCR SAFI, consideramos este fallo como un paso fundamental hacia la reparación integral del daño ocasionado y un avance significativo en la ruta de la rendición de cuentas.
Reiteramos nuestra confianza en el trabajo de los órganos supervisores y reafirmamos nuestro compromiso de continuar velando por los derechos de todos los ahorrantes afectados, la mayor parte de ellos, personas de la tercera edad.” explicó Rodrigo Alberto Carazo, vocero del grupo de afectados.
Con esta resolución, no solo se confirma la validez de la orden administrativa emitida por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y respaldada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), sino que además se restablece el mandato de proteger los intereses de cientos de ahorrantes afectados.
En línea con este avance, el Grupo de Afectados hizo un llamado prudente al BCR para que adopte un enfoque constructivo en esta etapa decisiva. “Esperamos que este primer paso le deje claro al banco que la única vía real para resolver este asunto es convocar a la Asamblea General ordenada por SUGEVAL, presentar y divulgar a los afectado el plan de acción exigido para la normalización del Fondo y sentarse a dialogar seriamente con representantes de los afectados sobre cómo atender la orden de los entes supervisores, en lugar de seguir aplazando decisiones mediante argumentos legales o estrategias dilatorias que a la postre costarán más caras a la comunidad nacional . Este debió ser el camino desde el inicio. Lamentablemente no ocurrió y se ha perdido tiempo valioso para todas las partes, incluido el propio banco. Confiamos en que esta resolución marque un cambio de actitud y el comienzo de la solución definitiva”, indicó Carazo.
El Tribunal fue claro y contundente al señalar que la medida cautelar de suspender la orden de SUGEVAL pretendía frenar la labor de los entes supervisores y que su aprobación hubiera atentado contra los principios de transparencia, disciplina de mercado y buen servicio de supervisión financiera.
Esta decisión reconoce que las directrices emitidas por SUGEVAL y CONASSIF buscan mitigar los perjuicios generados por la adquisición irregular del PEP y garantizar justicia para los afectados.
