San José, 8 feb (elmundo.cr) – Luego de casi tres meses de vencido el plazo para que municipalidades e intendencias de todo el país reglamentaran la Ley 10.235 para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, la mitad de los gobiernos locales incumplen lo dispuesto en esta legislación.
El recuento se obtuvo a través de las respuestas que los propios municipios e intendencias hicieron a un oficio que el despacho de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, les envió a las alcaldías y concejos municipales, en la semana del 9 al 13 de enero anteriores. En total, se enviaron 270 oficios.
“Los datos arrojan una verdad irrefutable: queda mucho trabajo por hacer para crear conciencia de la importancia de ejecutar acciones y políticas puntuales que frenen y prevengan la violencia que sufrimos las mujeres que decidimos participar en política. Quedarnos de brazos cruzados no es una opción, en vista de la inobservancia de un grupo mayoritario de gobiernos locales a la Ley 10.235, quienes ni han aprobado sus reglamentos internos ni se han publicado como debe proceder en el diario oficial La Gaceta”, señaló la diputada Delgado, quien también es presidenta de la Comisión Especial de la Mujer.
De los 90 gobiernos locales consultados, correspondientes a municipalidades y concejos municipales de distrito, 45 no han aprobado los reglamentos. Esto representa un 50% del total.
Es la situación, en el caso de la provincia de San José, de los cantones de Dota, León Cortés, Alajuelita, Turrubares, Mora, Puriscal, Tibás, Vásquez de Coronado, Goicoechea, San José y Pérez Zeledón.
En Alajuela, incumplen San Carlos, Los Chiles, Atenas, Grecia, Zarcero, Palmares, Sarchí, Poás y San Ramón.
Por Cartago, aparecen Alvarado, Oreamuno, Cartago, La Unión, Turrialba y el Concejo de Distrito de Cervantes.
En Heredia sobresalen Heredia, Barva, Santa Bárbara, san Isidro, Flores y San Pablo.
En el caso de las provincias costeras, Puntarenas registra un mayor incumplimiento en los casos de Garabito, Corredores, Golfito, Parrita, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y los Concejos de Distrito de Cóbano y Lepanto. Le siguen los municipios de Guanacaste con La Cruz, Tilarán, Bagaces y el Concejo de Distrito de Colorado.
No obstante, la cifra puede incluso ser mayor, en vista de que, a la fecha, 21 gobiernos locales (23,33%) no han respondido al oficio que se les envió.
En contraposición, solo 10 municipalidades (11,11%) reconocieron la aprobación del reglamento y su publicación en el diario oficial La Gaceta. Son los casos de Desamparados, Escazú y Curridabat, en San José; Naranjo en Alajuela, Sarapiquí en Heredia, Quepos en Puntarenas, Cañas en Guanacaste y Pococí y Talamanca en Limón.
Otro grupo de 14 gobiernos locales ya aprobaron a lo interno de sus Concejos Municipales el reglamento, pero se está a la espera de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
De acuerdo con la Ley 10.235, en su artículo 8, se establece que los concejos municipales y las alcaldías de cada municipalidad e intendencias, deben “dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos en esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley”.
“Esta situación debe generar un llamado de atención particular porque el incumplimiento de una ley conlleva a sanciones administrativas y penales. Y más allá de eso, y en este caso puntual, representa una barrera y una resistencia flagrante a erradicar la violencia política contra las mujeres. Es un cambio cultural que debemos seguir reforzando y es una lucha que yo personalmente seguiré dando en defensa de todas esas mujeres que siguen viviendo en carne propio los efectos de la violencia en sus múltiples manifestaciones”, concluyó la legisladora.
