San José, 17 mar (elmundo.cr) – La diputada de Nueva República, Carmen Chan Mora, interpuso ante la Sala Constitucional un recurso de amparo en contra de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por no aportar la información que mediante 3 oficios se solicitó, en relación a los problemas de acceso al agua potable de los vecinos del cantón de Coto Brus, y en general de la zona sur de Puntarenas.
La legisladora señaló que la institución no solo es ineficiente desde el punto de vista operativo, sino además administrativo; “los problemas van más allá del mal manejo de recursos públicos, sobrefacturaciones, incorrectas prácticas contra los consumidores y deficiente servicio de distribución —irregularidades que han sido denunciadas públicamente— es más grave todavía, se trata de una institución que ni siquiera responde oficios enviados desde la Asamblea Legislativa, que irrespeta el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía”, señaló.
Chan Mora enfatizó que la situación del abasto y distribución del agua potable a escala nacional, y en particular, en San Vito de Coto Brus, amerita atención priorizada, por parte de las autoridades del AyA, al tratarse de un servicio básico y un derecho humano elemental.
“No es posible que se tome a la ligera y tan relajadamente un tema vital para la población, sobre todo, en momentos de pandemia, en que se hace indispensable un servicio regular de agua, para cumplir con las estrictas medidas sanitarias y mantener condiciones de salubridad apropiadas en las comunidades”, agregó.
La diputada, quien da seguimiento a los problemas de agua en Coto Brus desde hace varios meses, indicó que los cotobruseños llevan mucho tiempo en espera de que se resuelvan los problemas en la red de acueducto, que se den respuestas y se ejecuten acciones inmediatas. Esta población ha tenido interrupciones en el suministro de la red, hasta por 19 días seguidos.
“El problema prolongado por meses afecta la salud pública y la actividad comercial, productiva y económica de la comunidad. Esto, en tiempos de pandemia más que ineficiencia del AyA, es un acto de violación del derecho humano al acceso de agua potable”, concluyó.