San José, 20 jun (elmundo.cr) – La polémica volvió al Plenario de la Asamblea Legislativa este lunes y el proyecto de Ley que pretende suspender durante 24 meses los desalojos a personas que viven en las zonas clasificadas como especiales (costeras, fronterizas o que son patrimonio natural del Estado) fue el protagonista.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 19.139 se denomina “Ley de protección a los ocupantes de las zonas clasificadas como especiales” y estaba listo para ser votado hoy en segundo debate y enviarse a Casa Presidencial para que lo convirtiera en Ley de la República.
La sorpresa para los defensores de la iniciativa fue que cuando la misma iba a empezar a discutirse, el presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti comunicó que se había presentado una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, por lo que el conocimiento del proyecto estaba suspendido hasta que los magistrados no resolvieran.
La molestia generalizada fue evidente.
Los firmantes fueron siete diputados del Frente Amplio (no pusieron su firma Carlos Hernandez ni José Ramírez Aguilar) y tres diputados del Partido Acción Ciudadana (Javier Cambronero Arguedas, Nidia Jiménez Vasquez y Franklin Corella Vargas).
El proyecto, que tiene un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa que alerta sobre la inconstitucionalidad del mismo por violar varias Leyes y artículos de la Constitución Política, pretende ser el salvador de las miles de familias que viven en la zona marítimo terrestre, milla fronteriza o zonas del patrimonio natural del Estado, las cuales viven con el temor a ser desalojados en cualquier momento.
La anterior moratoria venció en octubre del 2014 y aunque aún no se ha desalojado a ninguna persona gracias a las conversaciones y negociaciones que mantiene el Gobierno y los diputados con las municipalidades respectivas, es necesario que el Congreso apruebe de una vez por todas un proyecto de Ley que les de seguridad jurídica a esas familias.
Esta iniciativa extendería la moratoria a los desalojos en dichas zonas durante 24 meses, plazo en el que los diputados tenían planeado reunirse para buscar una solución final al problema.
Sin embargo, los diputados del Frente Amplio y los tres del PAC afirmaron que querían “blindar” el proyecto con el criterio de los magistrados de la Suprema Corte, lo que suspendería por al menos un mes el conocimiento del proyecto.
La que más dejó ver su molestia por el actuar de esos diputados fue la liberacionista puntarenense, Karla Prendas quien ha estado de cerca con los residentes de la Zona Marítimo Terrestre de Puntarenas, en especial Costa de Pájaros quienes en cualquier momento serían desalojados.
‘Esperaron el momento preciso para que el tema se votara para hacer la consulta’
“A uno lo que le da coraje con esto es que esperaron el momento preciso para que el tema se votara para hacer la consulta, segunda hay jurisprudencia de sobra sobre este tema y no hay ningún problema de constitucionalidad”, dijo Prendas en entrevista con EL MUNDO.
Para la legisladora, el mecanismo empleado por el Frente Amplio es el que genera su mayor malestar.
La diputada se refiere a una supuesta “represalia” del partido de izquierda, luego de que tiempo atrás los legisladores decidieran no apoyar extender por cuatro años más el plazo de vigencia de un proyecto denominado “TECOCOS” (Territorios Costeros Comunitarios) y que fue una de las múltiples “soluciones” que se plantearon para las familias de las zonas consideradas especiales.
“Si no se pasa la forma de legislación que ellos quieren aunque no solucionara nada, entraban cualquier acción que pueda venir a ayudar a resolver esta problemática”, dijo la legisladora, quien coincidió en que extender los periodos de moratoria a los desalojos no es la solución que requieren los miles de residentes que tienen la pesadilla de ver un buldócer destruyendo sus viviendas.
Según la liberacionista factores como presupuesto, ambiente, planes reguladores, reorganización territorial, legislación y planificación nacional son los que deben ponerse sobre la mesa para redactar una solución integral al tema, sin embargo dicha discusión “está cruda” y el proyecto final no vería la luz durante esta administración.
“Mientras el debate continúa, mientras estas cosas siguen avanzando al paso que van, con las negociaciones, la gente no tiene que venir a sufrir con las demoliciones de sus casas. Era importante aprobar esta Ley porque viene a dar seguridad jurídica a estas familias mientras el tema camina, seguramente habrá que ampliar las moratorias pero esa es la única garantía que se le puede dar a esas personas para que no sufran afectación”, dijo Prendas.
Echaron para atrás
Tras exponerse el listado de diputados que firmaron la consulta a la Sala Constitucional (se requieren solamente diez), Franklin Corella, subjefe del PAC y Nidia Jiménez anunciaron que retirarían su firma.
Con esto la consulta queda con solamente ocho firmas, insuficientes para sostenerse en la Sala Constitucional por lo que el proyecto, una vez los magistrados desestimen la consulta por falta de firmas, podrá volver a conocerse en el Plenario del Congreso.
Tanto Corella como Jiménez afirmaron que su firma fue colocada como un acto de buena fe, con el fin de blindar el proyecto de Ley.
‘Queríamos que el texto quedara blindado’
Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio afirmó que valorarán presentar una acción de inconstitucionalidad una vez que el proyecto sea aprobado, convertido en Ley y empiece a regir.
“Lo que queríamos era que el texto quedara blindado porque lo que no queremos es jugar con las expectativas de la gente, crearles falsas expectativas para que luego se caiga y tengamos que empezar de cero”, declaró el diputado a EL MUNDO tras finalizar la sesión del Plenario.
El legislador dejó muy en claro que al igual que lo hicieron a la hora de votar el proyecto en primer debate, una vez llegado el momento de someter a discusión la iniciativa en su segundo debate, lo votarán en contra.
“El problema es que juegan con las expectativas de la gente. Le hacen creer a la gente que con eso se solucionó el problema. Hay una moratoria anterior a esta y fue el mismo cuento: ‘es mientras tanto se soluciona el problema de fondo’. ¿Quién ha intentado una solución de fondo en este asunto? TECOCOS, y es desde el Frente Amplio la única gestión tendiente a resolver este problema, lo demás es seguir pateando la bola hacia adelante”, agregó Araya, abogado ambientalista.
El legislador se defendió sobre la fecha en que se presentó la consulta a la Sala Constitucional.
“Nosotros nunca le dijimos a ello que no lo íbamos a consultar, el acuerdo era dejar que se votara y se va a votar, o sea, cuando salió con el tema de Ostional era el acuerdo que se votaran los dos; se votaron los dos, y moratoria se va a votar, no era el Apocalipsis lo más que era que íbamos a esperar era un mes ¿cuál es el berrinche que hacen?”, agregó.
Para Araya, la única solución es TECOCOS y recordó que una de las soluciones planteadas, que consistía en no desalojar a los residentes de la Zona Fronteriza fue recientemente archivada tras haber sido declarada inconstitucional por la Sala IV, al no estar sustenta en estudios técnicos.
Proyecto es inconstitucional, alertó departamento encargado de la asesoría legal a los diputados
El proyecto que los diputados pretenden aprobar no pasaría el filtro de la Sala Constitucional, según se desprende de un informe realizado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el cual estudia la legalidad de cada una de las iniciativas presentadas en el Congreso y emite un informe con recomendaciones a los diputados.
Según el dictamen de 93 páginas presentado por Norma Zeledón y Ruth Ramirez Corella, el proyecto violenta entre otras cosas la interdicción de la arbitrariedad, la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
También violenta la tutela efectiva de los bienes demaniales y su correlativa potestad reinvindicatoria, la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, la protección ambiental, la no regresión y progresividad en materia ambiental y la separación de poderes.
Dicho informe, publicado el 05 de marzo de 2014 alertaba a los legisladores sobre la inconveniencia de este proyecto, basándose en las leyes vigentes, la Constitución Política y varios fallos de la Sala Constitucional.
Sin embargo, los legisladores pasaron por alto sus observaciones (ya que no son vinculantes) y siguieron adelante con el trámite del proyecto.
En un segundo informe revelado el 7 de diciembre del año anterior, nuevamente el Departamento de Servicios Técnicos informó que las dudas con respecto al proyecto de Ley persistían pues sus observaciones no fueron tomadas en cuenta.
El proyecto no pasó por el trámite de comisión legislativa, pues fue dispensado de todos los trámites y ya es tarde para hacerle modificaciones, pues fue aprobado en primer debate.
“De tal forma que esta asesoría considera que son dudas que aún se mantienen dentro del texto propuesto, sin embargo las observaciones realizadas sobrepasan las limitadas competencias que se le han otorgado por el Reglamento de la Asamblea Legislativa a esta Comisión”, concluye el informe.
La única recomendación de Servicios Técnicos que los legisladores acogieron fue la de remitir el proyecto a consulta a varias instituciones, ninguna de las cuales se pronunció negativamente sobre ellas.
