San José, 28 dic (elmundo.cr)- La candidata a diputada del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Laura Fernández, busca llegar a la Asamblea Legislativa con la consigna de que se debe ordenar el tema de las anualidades en el sector público.
Fernández considera que el tema de la anualidad viene siendo una especie de plus, que se paga en automático y dejó de incentivar al buen funcionario.
“La evaluación hay que replantearla y si el plus salarial va ser la anualidad también hay que replantearlo”, comentó.
Según dijo, para el país resulta “insostenible” que haya anualidades superiores a un 5% sobre el salario base, con la situación fiscal que atraviesa el país.
Incluso, la aspirante a una curul apela por un ordenamiento general en todo lo relacionado al manejo del sector público, desde el ingreso, hasta el reconocimiento de años por cesantía.
“Hay funcionarios a los que se les paga los 8 años que dice el Código de Trabajo, como por ejemplo, los funcionarios de los ministerios, mientras hay otros funcionarios como los del Poder Judicial o la CCSS, que cuando se pensionan les reconocen 20 años de cesantía”, expuso.
En esa misma línea recordó que hay un principio constitucional, el cual señala que el Estado es el patrono único y que todos tienen ciertamente derecho a la dignidad salarial, pero a la vez criticó que se reconozcan diferencias tan “abismales” entre un tipo y otro de trabajador.
Tras su paso por el Ministerio de Planificación dejó lista una propuesta de política nacional de empleo público, enfocada en el reordenamiento de puestos y de clases salariales.
“Fundamental, aplicar evaluación en el sector público y efectivamente hay muchísimos funcionarios públicos muy buenos, pero hay muchísimos muy malos”, acotó.
Con respecto a la propuesta de trasladar el fondo de pensiones del Poder Judicial a la Caja Costarricense del Seguro Social, la candidata no estaría de acuerdo, hasta no ver aprobado el proyecto de ley que ya se encaminó en un primer debate.
A su criterio, se debe dar un tiempo prudente para ver si dicha iniciativa le da un poco de aire al Poder Judicial, en aras de que pueda continuar operando su régimen de pensiones, tal cual lo ha venido haciendo.
Agregó que “se puso un alto importante a las pensiones de lujo del Poder Judicial. Además, se tomaron medidas para garantizar la sostenibilidad del fondo, que tiene que ver con aumentar los porcentajes de cotización que hacen las personas”.
“Dejémoslo respirar, dejémoslo andar a ver si efectivamente el régimen puede sostener con estas nuevas medidas, que buscan hacerle justicia y frenar los privilegios que han tenido algunos en materia de pensiones”, explicó.
En cuanto a la mesa de diálogo de la Caja, la integrante de ADC cree que todos los espacios de diálogo son “importantes”, sobre todo cuando involucra a diversos sectores, como el privado, el público, los patronos, los trabajadores y los sindicales.
Per se, esas mesas le parecen “valiosas”, sin embargo, a la vez cuestionó la medida 33, que habla de tomar fondos de Fodesaf- destinados a la construcción de viviendas de interés social-, para financiar el IVM.
“Yo sería una opositora total y radical a una medida de esa naturaleza. No me parece para nada prudente, ni sabio, tocar recursos que son para combate a la pobreza, como por ejemplo recursos que se utilizan para construir vivienda”, mencionó.
Sobre mejorar la situación del IVM, Fernández apela en cambio a una administración eficiente. “Si le echamos más plata a un canasto que está lleno de huecos, ese dinero se va a seguir filtrando”, añadió.
Si bien reconoció que Fodesaf también tiene “huecos”, no ve por qué deban ser enmendados por las personas que anhelan obtener una vivienda digna.
“Estamos hablando de una importante cantidad de dinero, que sin lugar a dudas sería darle una estocada a la gente que tiene un interés y una necesidad de tener vivienda”, justificó.
Situación de la banca pública
ADC propone la venta de Bicsa, al valorar que la entidad “no está cumpliendo ninguna función trascendental”, de modo que con el monto obtenido se pueda financiar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
En esa misma dirección iría la propuesta de la agrupación política, con respecto a la situación actual del Banco de Costa Rica.
“Se vienen comportando exactamente igual que la banca privada. No queremos que les pase lo que le pasó a Bancrédito. Entonces creemos que sí pueden y están en la oportunidad de venderse, para rescatar algo por el bien de la colectividad de los costarricenses como el IVM.
“De qué nos sirve tener a nosotros bancos del Estado si las tasas son exactamente iguales que las del sector privado, o de qué nos sirve querer comprar una vivienda a las personas que somos de clase media si nos piden garantías hipotecarias exactamente iguales o cuidado y no más rigurosas que la misma banca privada”, argumentó.
La josefina cuestionó cuál es el beneficio que le está dejando al Estado tener esa cantidad de bancos públicos, donde la administración de los mismos es “carísima”.
También hizo un abordaje de las convenciones colectivas que tienen algunos de estos bancos, donde “importante” parte de sus utilidades, se “reparten entre algunos directivos y funcionarios”.
