San José, 18 jun (elmundo.cr) – La inminente posibilidad de un “apagón” de la radio y la televisión y su consecuente efecto en la libertad de expresión para los habitantes, preocupa a la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).
Desde Canara advierten que el responsable de esa vergonzosa eventualidad es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), cuyas autoridades políticas han incurrido en graves y reiteradas omisiones al definir la situación jurídica de las concesiones del espectro radioeléctrico.
El plazo de 20 años establecido para las concesiones de uso de espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión abierta y gratuita empezará a caducar el próximo 28 de junio en caso de que no exista un acto administrativo que prorrogue dicho plazo, los operadores no estarán autorizados para seguir utilizando dicho bien demanial y, por ende, deberán suspender las transmisiones de las radioemisoras y televisoras generando “un apagón” a nivel nacional.
Para seguir garantizando los derechos fundamentales de expresión e información es necesario que se prorroguen estas concesiones. Acto que le corresponde al Poder Ejecutivo.
Para que la prórroga de las concesiones suceda, el ordenamiento jurídico establece que debe existir una solicitud expresa por parte de los concesionarios; hecho que sucedió en diciembre del 2022, mes en el que éstos efectuaron dicha gestión ante el Micitt.
Cabe destacar que a pesar de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ya emitió las recomendaciones de ley, el Micitt aún no ha resuelto ninguna de las solicitudes realizadas por los operadores, lo que genera inseguridad jurídica, ya que no existe certeza de cómo resolverá finalmente el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, semanas atrás el Micitt publicó para consulta pública un borrador de decreto en el que pretende prorrogar todas las concesione hasta por un año, con el argumento de “proteger la continuidad del servicio de radiodifusión sonora y televisiva a favor de los usuarios finales”.
Sobre ese punto, Canara se manifiestó en contra de ese “falaz argumento”, ya que la toma de decisión sobre las prórrogas carece de relación alguna con la posibilidad de iniciar una licitación de espectro radioeléctrico, criterio que comparte la Sutel.
Además, Canara sostiene que el plazo del año por el cual el Micitt pretende ampliar las concesiones no es suficiente para realizar una licitación y suscribir más de 100 contratos, que es la cantidad de concesiones que deberían otorgarse en el marco de un nuevo procedimiento licitatorio, ya que las etapas y sus plazos se encuentran previamente regladas por el ordenamiento jurídico y sumados todos estos, excede el plazo propuesto por el Micitt.
En virtud de lo anterior, Canara expresó su profunda preocupación de que pueda darse en el país un apagón de los medios formales, privados e independientes; lo cual implicaría un grave perjuicio a la institucionalidad democrática de Costa Rica y la ciudadanía, que quedaría imposibilitada de informarse y expresarse por medio de la radio y la televisión.
