San José, 23 nov (elmundo.cr) – El diputado oficialista Javier Cambronero recordó que el actual gobierno prometió durante campaña electoral el cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sin embargo, en estos cuatros años lejos de concretar la iniciativa, más bien en el camino hubo problemas con varios proyectos viales.
“Nosotros fuimos a una campaña política donde ofrecimos el cierre del Consejo Nacional de Concesiones, del Conavi y del Consejo de Transporte Público”, comentó el legislador al tiempo que trajo a colación el cambio en la propuesta por la Creación del Instituto Nacional de Infraestructura (INI).
El proyecto de ley naufraga en una de las comisiones legislativas sin mayor avance durante este cuatrienio y, según el diputado, lo anterior obedece a que el país no está en condiciones de seguir creando nuevas instituciones públicas de esa naturaleza.
Cambronero considera que con el cierre definitivo del Conavi se fortalecería al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero dándole una cara de modernización.
“De igual manera, el proyecto del CTP que ya fue encaminado en Comisión y está en el Plenario haciendo fila, plantearía que sus funciones también sean absorbidas por el MOPT como tal”, añadió.
Tal y como lo ha venido informando EL MUNDO, y con base en el criterio de especialistas, el Conavi ha sido cuestionado en cuanto a su capacidad para diseñar, administrar y fiscalizar los proyectos viales que suele adjudicar a terceros. LEA TAMBIÉN: Improvisación socava proyectos viales del país
“Lo que pasa es que uno siente que al Conavi no le duelen los proyectos. Ellos piensan en tratar de inaugurar, pero lo que es la operación y el mantenimiento les cuesta mucho”, dijo el Coordinador Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Luis Guillermo Loría, en una entrevista previa con EL MUNDO.
En el caso de la ruta Sifón-La Abundancia, el congresista del PAC se refirió a siete informes de carácter técnico donde el Lanamme alertó a la Administración sobre la existencia de inconsistencias.
“El Conavi no le puso suficiente cuidado a los señalamientos ahí indicados y estamos hablando de muchos millones de recursos públicos”, manifestó.
Ahora bien, el caso de la carretera a San Carlos no es aislado en cuanto a la labor que realiza la institución. Por ejemplo, la entrega del viaducto de Paso Ancho a cargo de la empresa MECO estaba para octubre de 2015, empero, a la fecha aún siguen los trabajos en la zona. LEA TAMBIÉN: MECO hará entrega definitiva de viaducto de Paso Ancho en diciembre
En medio de la fase constructiva hubo problemas de expropiación y traslado de servicios públicos, lo cual provocó un atraso de ocho meses, al punto de que el Estado costarricense indemnizó a la empresa por ₡339 millones, mientras que hay un monto pendiente de ₡450 millones.
Durante ese periodo, el Lanamme y la fiscalizadora Ginprosa advirtieron a la Administración de algunas no conformidades en la construcción del paso a desnivel, que en su momento no fueron atendidas y luego provocaron cierres en la vía para corregir dichos señalamientos.
El viaducto adjudicado por ₡5.000 millones, se podría encarecer, entre indemnizaciones y obras adicionales, unos ₡2.489 millones, es decir casi la mitad del costo inicial.
Otro caso sonado se dio en diciembre del 2011, por el presunto pago de ₡1000 millones que realizó el Conavi a la constructora Hernán Solís.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó la denuncia, luego de que en el 2011, en época navideña, el Conavi le pagara a la constructora “la totalidad de 5 mil toneladas de cemento Portland”, supuestamente sin que este hubiese sido ejecutado.
A raíz de ese hecho, algunos funcionarios de la entidad y la apoderada corporativa de la constructora Hernán Solís, Mélida Solís Vargas, comparecerán en diciembre ante el Juzgado Penal de Hacienda, por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública. LEA TAMBIÉN: Conavi y H. Solís comparecerán por supuesto delito de influencia contra la Hacienda pública
La situación está relacionada con el proyecto concesionado ese año a la compañía, para la ampliación y reparación de la Ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos. LEA TAMBIÉN: Procuraduría exige ₡188 millones a funcionarios de Conavi y a constructora H. Solís.
En febrero de 2015, los diputados aprobaron el préstamo chino por $395 millones para la ampliación de la ruta 32 a cargo de la empresa CHEC, es decir a la fecha han transcurrido más de dos años y el Conavi aún no ha podido avanzar con varias expropiaciones y el traslado de servicios públicos.
“Ellos se han lerdeado mucho con la empresa constructora CHEC, para efectos de afinar lo que es el diseño de la carretera y luego iniciar un proceso complejo donde el Estado tiene una gran cantidad de responsabilidades”, indicó el diputado libertario Otto Guevara Guth. LEA TAMBIÉN: Otto Guevara sobre Ruta 32: Hoy el préstamo de $400 millones se queda corto
No fue sino hasta hace unos días que el Conavi informó el inicio de los trabajos de ampliación y rehabilitación de 107 kilómetros de la Ruta 32.
“Mientras CHEC avanzaba con los diseños, nosotros como Administración nos hemos concentrado en aspectos como la coordinación con otras instituciones para la reubicación de los servicios públicos, la contratación del estudio arqueológico, el levantamiento catastral de las expropiaciones, entre otros, indispensables para iniciar”, detalló el ministro Germán Valverde.
“No podemos irnos encima de los contratistas per se. Hay que irse encima de la Administración por no tener proyectos maduros listos para arrancar”, comentó Loría al respecto.
