San José, 10 feb (elmundo.cr)- La diputada Kattia Cambronero Aguiluz presentó este lunes el proyecto de ley 24.819 ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la gestión de residuos farmacéuticos en el país y mitigar su impacto ambiental y sanitario.
El proyecto busca reformar la Ley para la Gestión Integral de Residuos (N.º 8839) para incluir una definición más amplia de los residuos peligrosos, incorporando los medicamentos vencidos o en desuso, así como sus envases y empaques. También establece sanciones para quienes gestionen inadecuadamente estos desechos.
Impacto de los residuos farmacéuticos en Costa Rica
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 2023 se dispensaron cerca de 144 millones de cupones de medicamentos en hospitales, clínicas y EBAIS, lo que refleja el alto consumo de fármacos y la generación masiva de residuos.
Actualmente, el 84% de los desechos en Costa Rica terminan en rellenos sanitarios, mientras que un 10% va a sitios no controlados, aumentando el riesgo de contaminación del agua y del suelo.
“Es fundamental que Costa Rica avance hacia un modelo de gestión integral de residuos que incluya soluciones específicas para los desechos farmacéuticos. Nuestro país no puede seguir postergando la adopción de medidas efectivas para reducir los impactos ambientales y sanitarios que estos generan”, señaló la diputada Cambronero Aguiluz.
Gustavo Sáenz García, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, respaldó la iniciativa: “Para el Colegio de Farmacéuticos este es un tema de prioridad. Hemos venido señalando la necesidad de que todos los sectores—consumidores, comercializadores e importadores—se involucren en la correcta gestión de estos residuos posconsumo”.
Principales propuestas del proyecto
El texto legislativo contempla medidas concretas para abordar la problemática, entre ellas:
- Creación de un sistema eficiente para la recolección y disposición final de residuos farmacéuticos.
- Incentivos para que farmacias y centros de salud implementen programas de recolección.
- Campañas de concienciación para promover una cultura de disposición responsable.
- Fortalecimiento de la normativa ambiental para mejorar el tratamiento de estos desechos.
Costa Rica, como signatario del Convenio de Basilea desde 1995, tiene la obligación de garantizar una gestión adecuada de los residuos peligrosos. Sin embargo, el país aún enfrenta desafíos para cumplir con estos compromisos.
La propuesta legislativa de Cambronero Aguiluz abre el debate sobre la necesidad de mecanismos más efectivos en la gestión de residuos farmacéuticos, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y la salud pública.
