San José, 4 jun (elmundo.cr) – La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) hizo un llamado al Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo para que mantengan la medida cautelar que suspende el decreto de la “Ruta del Arroz”.
El presidente a.i. de la CNAA, Óscar Arias Moreira, manifestó que “desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria hacemos un llamado respetuoso a las autoridades del Tribunal de Apelaciones para que con objetividad y en apego a la ley se mantenga la medida cautelar que suspende el decreto, el cual ha tenido graves consecuencias a los productores nacionales de arroz”.
“Además, reiteramos nuestro llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para establecer un diálogo abierto a fin de discutir la política pública agropecuaria y un plan de apoyo para recuperar de la crisis que han caído cientos de productores como consecuencia de la ruta del arroz que no favoreció a los consumidores y causó un enorme daño a los arroceros”, agregó.
Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo tendrá que decidir si acoge una serie de solicitudes presentadas por el Poder Ejecutivo, quienes han insistido en mantener en vigencia la llamada “Ruta del Arroz”, pese a la gran cantidad de afectaciones que ha ocasionado a los productores costarricenses de este grano, indica la Cámara.
Es importante recordar que hace unos meses el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió una medida cautelar que ponía en pausa el decreto del Gobierno y asimismo establecía que el arancel pasara del 4% al 35%, tal como estaba establecido antes de la “Ruta del Arroz”.
La Cámara resaltó que el sector arrocero costarricense genera más de 33.000 empleos directos e indirectos y la producción nacional de arroz suple el 40% del consumo local.
Desde la CNAA, “reiteramos que la existencia y preservación de los pequeños productores agropecuarios, como base fundamental de nuestro sistema productivo, resulta del más evidente interés público, pues es lo que favorece que los microempresarios participen en los encadenamientos y en la democratización de la distribución de la riqueza”.
“Destruir la base productiva nacional tendría altísimos costos en lo económico y social, pone en riesgo el sistema democrático y la paz social de las zonas rurales de nuestro país”, finalizó la CNAA.
