San José, 4 jun (elmundo.cr) – La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) aseguró que seguirá luchando en contra de la Ruta del Arroz, con el objetivo de apoyar a los arroceros costarricenses.
En abril, el Tribunal Contencioso Administrativo había acogido una medida cautelar que suspendía el Decreto Ejecutivo N°43.642, o mejor conocido como la Ruta del Arroz, sin embargo, este martes decidió dejar sin validez la medida y aceptar la apelación que presentó el Gobierno de la República.
Con esto se mantendrá en vigencia la reducción arancelaria a las importaciones del arroz establecida en dicho decreto.
La Cámara insistió que la Ruta del Arroz “ha impactado negativamente a los arroceros costarricenses, quienes hasta el momento se han visto en la obligación de dejar de lado la producción al no poder competir en el mercado”.
Desde la Cámara manifiestan que respetan la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo, reiteran su oposición total a la Ruta del Arroz.
“Esta política pone en riesgo a los miles de empleos directos e indirectos que genera esta actividad productiva y afecta significativamente a los productores nacionales de arroz”, aseguran.
El presidente a.i. de la CNAA, Óscar Arias Moreira, expresó que “lamentamos el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, anunciado el día de hoy, el cual vuelve a quitarle la esperanza a nuestros productores arroceros, quienes nuevamente no tendrán la oportunidad de competir por un precio justo”.
“Razón por la que mantenemos nuestra preocupación por el futuro del sector y reiteramos nuestra disposición a colaborar con el gobierno para encontrar soluciones que protejan a los productores, a los consumidores y a la seguridad alimentaria del país”, agregó.
La Cámara recordó que el objetivo de la Ruta del Arroz fue reducir el precio de este grano básico a los consumidores, sin embargo, según datos del INEC este propósito no se ha logrado, pues desde la entrada en vigencia y hasta el 31 de marzo de este año, el arroz aumentó su precio en un 4,62%.
“Mantenemos nuestro apoyo a los arroceros costarricenses quienes son los principales afectados con la decisión, teniendo en cuenta lo anterior reiteramos que la existencia y preservación de los pequeños productores agropecuarios, como base fundamental de nuestro sistema productivo, resulta del más evidente interés público, pues es lo que favorece que los microempresarios participen en los encadenamientos y en la democratización de la distribución de la riqueza. Destruir la base productiva nacional tendría altísimos costos en lo económico y social, pone en riesgo el sistema democrático y la paz social de las zonas rurales de nuestro país”, concluyen.
