San José, 13 set (elmundo.cr) –La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), solicita a los diputados prudencia a la hora de tomar decisiones que afecten las operaciones y la certeza jurídica del sector empresarial costarricense.
Según indicaron la reforma a los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo “legitima la falta e incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores para que escuden sus posibles acciones detrás de una mujer en estado de embarazo o un infante e incluso de una mujer en estado de lactancia, si así se interpreta”.
Además, destacaron que “dicho contexto crea un fuero innecesario y un eventual abuso de derechos, lo que a su vez, permite que estas conductas puedan volverse contraproducentes con la operación de las empresas y con el empleo de otros trabajadores que no se verían cubiertos por este fuero y que estarían frente a una discriminación permitida por la ley”.
Afirmaron que “el país atraviesa dificultades especiales con niveles de desempleo sumamente elevados que provocan un incremento de la pobreza y de las brechas sociales, que solo se resuelven con creación de puestos de empleo”.
“Por lo tanto, necesitamos por parte de la Asamblea Legislativa la aprobación de legislación que fomente la reactivación de la economía.
De igual forma, recalcaron que “el sector privado necesita las condiciones apropiadas para reponerse de la crisis y con ello generar mayores oportunidades de trabajo para todos los costarricenses. No se necesitan mayores obstáculos que desincentiven la actividad productiva y vuelvan menos competitivas a todas las empresas”.
“Tengamos en cuenta que Costa Rica aparece desde el mes de setiembre de 2021, en el top 10 de países más complejos para hacer negocios, por lo que las decisiones de los señores diputados y las señoras diputadas podrían complicar aún más el panorama nacional”, añadieron.
Concluyeron solicitando a las diferentes fracciones legislativas “el archivo de esta iniciativa e impulsar leyes que verdaderamente promuevan la reactivación económica y el empleo, mediante un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y el empleador”.
