
San José, 02 mar (elmundo.cr) – El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides se refirió a la aprobación en la Comisión de Gobierno y Administración de la moción #90 relacionada al proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Según reza la moción:
Para que de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y en observancia de lo dispuesto en los artículos 84,85, y 87 de la Constitución Política se agregue un nuevo inciso al artículo 6° del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
F) El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.
Ante esto Benavides indicó que “la comisión que estudia la ley de Empleo Público aprobó una moción cuyo efecto sería excluir los salarios de las universidades de la regla general, otorgando a sus autoridades la posibilidad de auto regularse y por ende auto aprobarse pluses salariales”.
El diputado indicó que esta moción “introduce una condición excepcional para que las universidades a través de “normativa complementaria” emitida por sus “propios órganos de autogobierno” aprueben aumentos y condiciones salariales más ventajosas”.
“No puedo apoyarla de ninguna manera”, agregó.
Benavides dijo saber que algunos diputados aprobaron la moción “de buena fe, la realidad es que está redactada para desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio”.
“Eso es inaceptable y debe corregirse en el Plenario”, añadió.
Para el legislador “las universidades deben tener la potestad de brindar apoyo técnico al Servicio Civil para que considere sus condiciones específicas y se retribuya adecuadamente la especialización académica. Nunca para auto imponer salarios, pues precisamente eso fue lo que permitió los abusos”.
“Costa Rica sólo podrá tener estabilidad y progreso económicos si cerramos ya los portillos que han permitido el abuso de los recursos que son de todos los costarricenses. Recursos que deben usarse para mejorar la vida de toda la gente y no para pagar privilegios a unos pocos”, concluyó.