San José, 28 ago (elmundo.cr) – El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que “la base de datos anonimizada con la que cuenta actualmente el Banco Central, con las deficiencias detectadas, probablemente genere resultados que subestimarían los riesgos asociados a la cartera de crédito en algunas regiones del país y tendería a sobrestimar estos riesgos en otras zonas, pues contar con la ubicación geográfica correcta de la cartera crediticia es una condición básica para determinar la verdadera exposición a los riesgos asociados al cambio climático”.
Por lo cual “empezó a trabajar en mayo de 2021 en la hoja de ruta para el análisis de los riesgos climáticos, dadas las implicaciones que estos pueden tener para la economía del país”.
Para el Banco Central “esta preocupación es un tema central en las discusiones que se realizan en los foros de bancos centrales, en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Internacional de Pagos (BIS), entre otros”.
Ante esto describieron que “la hoja de ruta del BCCR fue presentada a la Junta Directiva el 9 de febrero de 2022 y contiene cuatro ejes de trabajo relacionados con: disponibilidad de datos e información, fortalecimiento de la capacidad analítica, gestión de riesgos del cambio climático en el sistema financiero y reverdecimiento de las reservas”.
“Precisamente, el BCCR tiene una función fundamental en la preservación de la estabilidad financiera y la adecuada administración de la política macroprudencial, y cumplir así con el mandato legal contenido en los artículos 2 y 3 de su Ley Orgánica (Ley 7558) en cuanto a promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo, y propiciar condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional”, explicaron.
Además añadieron que “en setiembre de 2022, durante las discusiones sostenidas con el FMI en el marco de la Facilidad Ampliada de Crédito para Costa Rica, y dado el interés del país de acceder a la línea de crédito denominada Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad que otorgaría USD 725 millones para apoyar la ambiciosa agenda de cambio climático de Costa Rica y catalizar mayor financiamiento,
las autoridades económicas del país se comprometieron al cumplimiento de metas específicas relacionadas con este esfuerzo”.
“Cumplir estas metas, definidas como estructurales, es indispensable para que el país mantenga su compromiso con el FMI y se puedan realizar los desembolsos de los programas vigentes con ese organismo”, detallaron.
De igual forma resaltaron que “el cumplimiento de las metas establecidas con el FMI es fundamental para la credibilidad del país a nivel nacional e internacional, así como para la mejora de nuestra calificación crediticia. Un incumplimiento generaría graves consecuencias para la situación financiera del país, lo que afectaría negativamente a la población costarricense. En este contexto, en setiembre de 2022, el equipo técnico del FMI y las autoridades del país (entre las que se encontraban los supervisores y reguladores del sistema financiero y Público autoridades del Banco Central) se acordaron cuatro metas generales con sus respectivas fechas de cumplimiento y los responsables de ejecutar las tareas correspondientes”.
Según los compromisos asumidos con el FMI “el país debía disponer de un repositorio de datos con el 35% de la cartera de crédito vigente al 31 de diciembre del 2022 del Sistema Bancario Nacional e incrementar su cobertura en el tiempo, hasta completar la totalidad de la información y combinarla con datos sobre amenazas climáticas, vulnerabilidad de las actividades económicas y geográficas ante eventos climáticos, así como la exposición crediticia del sistema financiero a estas actividades económicas y regiones vulnerables, a más tardar en febrero de 2023”.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debe “aprobar un reglamento sobre gestión de riesgos socioambientales y riesgos de cambio climático en la cartera de crédito para finales de setiembre de 2023. Además, existe el compromiso del
país de realizar análisis de tensión financiera que incorpore las amenazas climáticas antes indicadas, para febrero de 2024”, recordaron.
“Para evitar realizar estimaciones con información incorrecta, el Banco Central coordinó lo necesario con los órganos de supervisión y regulación correspondientes desde octubre de 2022, lo cual originó el acuerdo de la Junta Directiva del BCCR de solicitar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el acceso a la información crediticia. Es preciso mencionar que esas bases de datos se encuentran en servidores custodiados por el BCCR y el garante de su seguridad es el BCCR. Este acuerdo de Junta Directiva fue tomado en noviembre de 2022”, argumentaron.
Para cumplir con las metas a su cargo, el BCCR “revisó la base anonimizada que contiene la información de crédito del sistema financiero nacional y detectó incoherencias, tales como créditos para actividades agrícolas de gran cuantía en el cantón central de Heredia o préstamos
de generación eléctrica en el cantón de Goicoechea, por citar dos ejemplos. Con la información disponible no es posible para el BCCR determinar si lo que está incorrectamente asignado es la ubicación del crédito o la actividad económica, puesto que estas variables no son validadas en esta base de datos”.
“Casos como estos hacen evidente la necesidad de mejorar la calidad de la información para poder producir los indicadores que se requieren para cumplir con los acuerdos con el FMI en los tiempos requeridos”, detallaron.
“El trabajo que debe realizar el Banco Central para desarrollar sus análisis requiere combinar la información del mapa de riesgos hidrológicos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias con la cartera crediticia distribuida geográficamente de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la actividad económica para el cual se solicitó el crédito”, ejemplificaron.
“La base de datos anonimizada con la que cuenta actualmente el Banco Central, con las deficiencias detectadas, probablemente genere resultados que subestimarían los riesgos asociados a la cartera de crédito en algunas regiones del país y tendería a sobrestimar estos
riesgos en otras zonas, pues contar con la ubicación geográfica correcta de la cartera crediticia es una condición básica para determinar la verdadera exposición a los riesgos asociados al cambio climático”.
“El objetivo del BCCR, al plantear la solicitud de información crediticia a la Sugef, es realizar la depuración necesaria de los datos para asegurar la calidad de la estadística que se genere, todo esto con el fin de cumplir puntualmente con los compromisos acordados por el país con el FMI”, concluyeron.
