San José, 19 oct (elmundo.cr) –Tras la conclusión del trámite de mociones de reiteración, el Plenario Legislativo inició la discusión por el fondo en primer debate del expediente 21.388, Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial.
En la sesión de este lunes se aprobó una moción para aumentar la producción por parte de los pequeños agricultores y pasar de un 30 a un 40 por ciento, con lo cual resaltó la diputada Paola Vega se incentiva el desarrollo de muchas comunidades.
La diputada María Inés Solís Quirós manifestó preocupación pues sostiene que genera un conflicto para el Ministerio de Seguridad respecto a la trazabilidad.
La iniciativa permite el acceso y la utilización del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población costarricense.
Además, autoriza la producción y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario promoviendo el desarrollo económico y social en las zonas rurales del país, generando empleo y desarrollo.
Incentiva la producción, la industrialización y la comercialización del cáñamo y el cannabis psicoactivo con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos y sus productos derivados; así como el fomento de encadenamientos productivos que beneficien a los pequeños productores agropecuarios.
Establece un impuesto del 1 por ciento a la tasa sobre las utilidades, el mismo se logró tras la aprobación de una moción para bajarlo y con ello se busca contar con recursos para dar acompañamiento a los productores.
El proyecto establece que será el Ministerio de Agricultura y Ganadería quien definirá, con base en criterios técnicos, las regiones del país aptas para el cultivo de cannabis de uso médico y terapéutico y promoverá una distribución equitativa de las licencias para cultivo en el territorio nacional, priorizando los distritos con menores índices de desarrollo social, a las MIPYMES, organizaciones de productores agropecuarios, constituidas como centros agrícolas cantonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o de autogestión o asociaciones de desarrollo indígena.
Asimismo, se dispone que todos los medicamentos producidos deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios vigentes para el registro y su comercialización, en aras de garantizar el resguardo a la vida y la salud de las personas.
El Ministerio de Salud determinará los rangos permitidos de CBD y THC que podrán contener los productos, cuya comprobación se realizará mediante estudios técnicos.
La diputada Shirley Díaz Mejías expresó que no es fácil distinguir entre el cannabis psicoactivo y el cáñamo para un consumidor lo que hace peligrosa su producción y dificulta su supervisión.
Además, llamó la atención sobre cómo se controlará la actividad pues sostiene que no está claro cuál será el ente encargado de llevarlo a cabo y podría ser que a quien se le asigne no lo pueda realizar.
A la posición en contra de la iniciativa se sumó la diputada Mileidy Alvarado Arias quien resaltó que son varias las instituciones que hicieron advertencias sobre su aprobación y cito al IAFA y al Ministerio de Seguridad entre ellos. También llamó la atención a la autorización que se da a los pacientes del cultivo de esas plantas lo cual sostiene no es necesario si se incluye los medicamente en la lista de la Caja de Seguro Social.
