
San José, 02 Set (Elmundo.cr) – Este jueves 3 de septiembre el Estado costarricense acudirá a la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para informar sobre los avances para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana.
En esta ocasión la Delegación de Costa Rica estará integrada por cuatro Agentes del Estado, encabezada por la Directora Jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda, y el Director Jurídico de la Presidencia de la República, Marvin Carvajal. Los otros dos agentes son Eugenia Gutiérrez y Viviana Benavides, de Cancillería y Presidencia, respectivamente.
El fallo fue dictado en noviembre del 2012 y dispone que el Estado “debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la Fecundación In Vitro (FIV).
“Hay una voluntad del Estado costarricense para cumplir con ese fallo porque el país es respetuoso de los derechos humanos y de las sentencias que derivan de los tribunales internacionales”, comentó la Directora Jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda.
A mediados de este mes el país deberá presentar un informe sobre las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual le remitió al Estado costarricense en enero pasado y en relación a otra denuncia de Fecundación In Vitro que recibió en el 2004.
A partir de ese informe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos valorará si somete o no ante la Corte un nuevo caso contra Costa Rica por el derecho a la FIV.
Ante esta situación se derivara otra de las razones por las que el Estado debe avanzar con el cumplimento de la sentencia de la Corte y evitar con ello un segundo fallo por el mismo tema o derecho a tutelar.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 29 de julio del 2011, el caso ante la Corte IDH, proceso que culminó en noviembre del 2012, mediante la resolución del presente Caso.
A partir de esta resolución, y sobre la base de los plazos estipulados por la Corte IDH para que el Estado cumpla con las reparaciones en cuestión, se inició una fase de supervisión de cumplimiento de la sentencia.