San José, 15 feb (elmundo.cr) – El empresario Orlando Ramírez Bioley salió al paso de los cuestionamientos de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Alfaro denunció que un juzgado permitió al autobusero Ramírez Bioley, financista de la campaña de Rodrigo Chaves, un arreglo de pago para que evitar la quiebra de sus empresas.
Ante esto, Ramírez Bioley señaló que “niego rotundamente las declaraciones sin fundamentos de la diputada del Frente Amplio, ella miente y acosa al sector productivo, nosotros le damos empleo a más de 450 familias, y durante la pandemia sostuvimos dichas familias, de la mejor forma que podíamos, entendemos que mucha gente con intereses políticos quiera utilizar al sector privado con fines electorales, pero es totalmente censurable que ella utilice su inmunidad como herramienta de impunidad para decir mentiras de odio que tiene por su formación ideológica”.
El empresario explicó que el servicio público es un sistema al costo, lo que significa que todos los gastos en que se incurre para dar el servicio se divide entre el total de pasajeros que se movilizan y eso es lo que da como resultado la tarifa a cobrar. Afirma que en la pandemia hubo una disminución de hasta un 67% de los pasajeros, y que eso ocasionó un hueco inmenso en los ingresos diarios
“El juzgado ha sido consciente del impacto de la pandemia, y han protegido las fuentes de trabajo y la continuidad del servicio, ellos han sabido actuar, más bien la diputada lo que busca, es atacar a la clase trabajadora y a los que menos tienen, buscando privarlos de la opción de empleo, como es normal en el Frente Amplio”, añadió el empresario.
La diputada frenteamplista indicó que “no había forma de tener aumento, ¿cómo lo lograron?, a través de un juzgado que dice que para evitar que el señor quiebre les traspasan a los usuarios la posibilidad que haga un arreglo de pago”.
Ramírez Bioley aclaró que la herramienta de buscar un arreglo de pago con la Aresep es algo que permite la ley, pero por la obstinación y poca colaboración del ente regulador se tuvo que recurrir a esta herramienta legal, donde se definió que las empresas de todo el territorio nacional tenían un desequilibrio financiero, por las obligaciones de ley, luego los costos operativos y por último los costos institucionales.
“Todas estas señalaciones sin sentido atentan en contra de las familias costarricenses que hoy por hoy han conservado su trabajo, su sustento gracias a la acción de nuestras autoridades judiciales que admitieron una honesta intervención y propuesta para cumplirle el pago a la Aresep con la deuda y nuestro personal hoy gracias a esa intervención judicial, mantienen sus empleos, que no fueron importantes para la señora diputada la cual ignora la realidad no solo de nuestras empresas, sino que pareciera que de una gran mayoría de colegas autobuseros que están pasándola muy duro”, concluyó Ramírez.
