San José, 10 feb (elmundo.cr) – “Si hay corrupción, si existe, lo que no tengo es la competencia jurídica para señalar… y, por supuesto que como auditor tengo frustración…”, respondió el auditor interno de la Municipalidad de San José, Israel Barrantes.
El auditor respondió así ante la consulta que le fue hecha por la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, y que anteriormente, con otra redacción, le presentó la parlamentaria del Partido Progreso Social Democrático, Ada Acuña, sobre las irregularidades que se presentan en la municipalidad capitalina.
Los cuestionamientos al auditor Barrantes se dieron en la Comisión Permanente especial de Control de Ingreso y Gasto Público donde se le convocó en el marco del estudio que se lleva a cabo por los presuntos hechos de corrupción en el gobierno local de San José, conocidos como Caso Diamante.
Barrantes dijo que en los 12 años que tiene de trabajar en el ayuntamiento, el ente que encabeza ha presentado al menos 80 informes de relaciones de hecho, de los cuales solamente dos han llegado hasta sede judicial.
La diputada del Partido Frente Amplio, Sofía Guillén, recurrió a declaraciones del mismo Barrantes en la comisión que investiga el caso Cochinilla donde este indicó que ya desde el 2008 había hallazgos relevantes de irregularidades que debían corregirse y preguntó si se había hecho algo por implementar correcciones.
“Desde siempre se han presentado debilidades de control y situaciones que le generan dudas razonables a la Auditoria de que se podría haberse violentado el ordenamiento jurídico”, respondió a dichos cuestionamiento.
La congresista Vanessa Castro, consultó al visitante, si luego de todos los años de trabajo que tiene en la institución y de los informes que ha visto sobre aparentes irregularidades seguía con dudas.
De acuerdo con Barrantes ya desde el 2014 y 2018 la Auditoría se ha presentado al Ministerio Público y a instancias administrativas para establecer responsabilidades en aspectos como problemas con expedientes, con la observancia de las normas técnicas, segregación de funciones, pago de horas extras y muchas otras cosas relacionadas con el manejo de los fondos públicos.
La legisladora Ada Acuña, cuestionó la posible existencia de una red de corrupción en el gobierno local. “Si he determinado situaciones que tienen características de delitos funcionales… inclusive que tienen características de delitos en concurso y estos los he presentado siempre a la instancia judicial, para que ustedes tengan una idea, hemos concurrido a la instancia judicial en unas 60 oportunidades”, dijo el auditor.
