San José, 22 ene (elmundo.cr) – La audiencia celebrada este miércoles 21 de enero en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa dejó en evidencia la falta de respuestas concretas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre el avance real del nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, un proyecto estratégico para la atención de la población adulta mayor y con una orden expresa de la Sala Constitucional.
Durante la comparecencia de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández; el gerente financiero, Gustavo Picado Chacón; y el gerente de Infraestructura y Tecnología, Jorge Granados Soto, las autoridades indicaron que, una vez notificados los propietarios de los terrenos requeridos, la CCSS deberá formular una propuesta de expropiación, remitirla a la Dirección Jurídica institucional y someterla posteriormente a la aprobación de la Junta Directiva. No obstante, no se establecieron plazos definidos para cada una de estas etapas, ni un cronograma integral que permita conocer cuándo iniciará la construcción del nuevo hospital.
Las autoridades de la CCSS también señalaron que el proceso dependerá de la respuesta de los propietarios de los terrenos, lo que introduce un nuevo factor de incertidumbre en un proyecto que se desarrolla en un contexto de infraestructura hospitalaria crítica. El Hospital Raúl Blanco Cervantes opera en instalaciones con más de 65 años de antigüedad, con saturación de servicios, incumplimientos a la Ley 7600 y fallas de seguridad documentadas y reportadas por el Cuerpo de Bomberos en una inspección que se realizó en febrero del 2025.
Ante este panorama, la diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, fue enfática en señalar la urgencia de acelerar las gestiones institucionales y garantizar la continuidad del proyecto ante posibles cambios en la junta administrativa.
“Hoy quedó claro que no hay respuestas firmes ni plazos concretos. No estamos hablando de un trámite administrativo más, sino de una obligación del Estado con la población adulta mayor. Por eso solicitamos a la Dirección Jurídica de la CCSS que agilice de inmediato el proceso de expropiación y que la Junta Directiva conozca y resuelva este tema con la participación completa de sus integrantes”, afirmó Moreira.
La audiencia también evidenció el contraste entre la falta de definiciones de la CCSS y el trabajo sostenido que, desde 2024, han venido realizando la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, la Junta de Salud del Hospital Geriátrico y la Defensoría de los Habitantes. Gracias a esta articulación se logró la declaratoria de interés público de este proyecto para la construcción del nuevo hospital, la cual se logró por medio de un recurso de amparo.
Desde la Junta de Salud, su presidenta Alicia Avendaño advirtió que la situación actual del hospital no admite más dilaciones. “Mientras se discuten procesos y etapas, el hospital sigue funcionando en condiciones que ponen en riesgo a los usuarios ya que existe una incapacidad para cubrir la totalidad de la población adulta mayor, la cual sufre de grandes listas de espera y maltratos en otros hospitales. Esta no es una lucha política, es una lucha por la seguridad, la dignidad y el derecho a la salud de quienes hoy dependen de este centro médico”, señaló Avendaño.
Tanto la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor como la Junta de Salud afirman su disposición para acelerar los procesos de expropiación con reuniones con juzgados o los propietarios de los terrenos. Además, la diputada Moreira exige a la CCSS acelerar las gestiones legales, transparentar el cronograma, cumplir con la sentencia de la Sala Constitucional y adoptar medidas inmediatas para mitigar los riesgos existentes mientras se concreta la nueva infraestructura.
