San José, 19 nov (elmundo.cr) – La Asociación de Consumidores Libres (ACL) manifestó su firme oposición al proyecto de ley 25.910, impulsado por el diputado José María Villalta y la fracción del Frente Amplio, al considerar que las medidas propuestas resultarían “prohibitivas” y generarían un aumento directo en los costos de las vacaciones para los costarricenses.
La iniciativa, presentada el pasado 12 de noviembre bajo el nombre de “Ley para la convivencia entre el hospedaje no tradicional y las comunidades residentes”, propone una reforma integral a la Ley 9742.
El punto central de la discordia es la creación de un nuevo tributo del 10% sobre los ingresos de las plataformas digitales de intermediación de hospedaje, el cual se sumaría al 13% del impuesto al valor agregado (IVA) ya existente.
Juan Ricardo Fernández, presidente de la ACL, advirtió que “debido a la naturaleza de este mercado, el impuesto lo pagarán las familias costarricenses que alquilan una casa en la playa, los pacientes y estudiantes de fuera de la GAM que necesitan pasar una noche en San José, así como los turistas extranjeros que tienen muchos otros destinos para elegir en la región”.
Preocupación por regulaciones y datos
Además del impacto fiscal, la ACL cuestionó las restricciones que el proyecto otorga a las municipalidades para limitar la densidad y concentración de estos alojamientos en barrios y edificios.
Según la organización, clasificar esta actividad como comercial podría derivar en el cobro de tarifas de servicios públicos más elevadas para viviendas particulares, sumado a requisitos “desproporcionados” para la inscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y multas que alcanzarían los ₡9,2 millones.
Otro punto de alerta para la ACL es la propuesta de permitir que instituciones estatales accedan a los datos de anfitriones y huéspedes sin salvaguardas claras de protección de información personal.
Defensores del proyecto
Por su parte, el diputado José María Villalta ha defendido la propuesta argumentando que no busca prohibir la actividad, sino “poner orden” ante la proliferación de alquileres turísticos que, según el legislador, presionan el acceso a la vivienda y aumentan los precios de los alquileres para los residentes locales.
El texto del proyecto establece que la recaudación del nuevo tributo se distribuiría entre las municipalidades (50%), el Banco Hipotecario de la Vivienda (30%) y el ICT (20%).
La ACL calificó la iniciativa como “proteccionismo puro” y llamó a los diputados a rechazar el expediente, instando a evitar la creación de nuevos impuestos y a fomentar una menor intervención estatal en estos mercados.